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Regalías, ambiente y 71 años, los cuestionamientos al acuerdo con Vicuña
Tras el pedido de cautelar, Herrero detalló los perjuicios económicos y ambientales que atribuye al acuerdo minero con Vicuña.
La denuncia contra el acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina S.A. ya fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Ahora, el diputado Mario Herrero explicó los fundamentos económicos, ambientales y jurídicos que llevaron a su bloque, San Juan Vuelve, a pedir que se suspenda su ejecución. En rueda de prensa, advirtió sobre una posible pérdida de miles de millones de dólares, cuestionó obligaciones ambientales y aseguró que el convenio comprometería a la Provincia durante 71 años.
Herrero y Graciela Seva solicitaron que la Defensoría impulse una acción judicial y pida una medida cautelar. El documento difundido por el bloque detalla los motivos del planteo contra el Acta Compromiso ratificada en agosto mediante la Ley 2836-M.
Los dólares que resignaría San Juan
El primer cuestionamiento, según manifestaron, se concentra en el aporte anticipado de hasta US$250 millones, destinado a infraestructura mediante un fideicomiso. Para Herrero, esa suma no compensaría lo que la Provincia podría percibir por el aporte del 1,5% de las ventas brutas durante los primeros cinco años de explotación.
“Los 250 millones pueden parecer una suma interesante, pero cuando uno estudia la evolución de los precios del cobre, la plata y el oro, resulta que es mucho menos de lo que la provincia podría percibir”, afirmó.
El legislador estimó que el compromiso podría representar “varios miles de millones de dólares que la provincia estaría resignando”. Se trata de su proyección económica, cuyo cálculo completo no fue exhibido durante la conferencia.
También cuestionó que las regalías se estabilicen en el 3%, cuando la legislación nacional permite, bajo determinados requisitos, llegar al 5% para nuevos proyectos. Según el diputado, el alcance del acuerdo incluiría futuras explotaciones vinculadas con Vicuña y podría sentar un precedente para otras compañías.
El peligro ambiental que plantea la denuncia
En el segundo punto, el bloque sostiene que el convenio reemplaza por aportes económicos obligaciones establecidas en las declaraciones de impacto ambiental. Entre ellas menciona obras hidráulicas, proyectos comunitarios, forestación y medidas asociadas a emisiones y huella de carbono. También cuestiona que se limiten futuros pedidos de aportes similares.
“Este es uno de los perjuicios económicos graves, pero no es el más grave. Lo más grave es el peligro ambiental que puede derivarse de la aplicación de este acuerdo”, sostuvo Herrero.
El documento suma reparos sobre el depósito de colas de Josemaría. Según los denunciantes, observaciones de organismos como el INPRES, la UNSJ y el INA-CRAS no estarían incorporadas a la documentación ambiental reciente. Afirman que 20 requerimientos de la declaración de 2022 no figurarían en la actualización de 2026. Estas acusaciones todavía deben contrastarse con los expedientes técnicos.
Los 71 años y el camino hacia la Justicia
Para Herrero, la duración del convenio proyecta sus consecuencias mucho más allá del actual gobierno. “Hay intereses que afectan a todos los sanjuaninos, a los que vivimos hoy en esta provincia y a los que vendrán, porque este acuerdo prevé una vigencia de al menos 71 años”, expresó.
Los diputados también objetan que el Acta Compromiso contemple mecanismos de arbitraje para resolver controversias, porque consideran que podrían entrar en conflicto con normas ambientales y constitucionales.
A eso suman críticas a la velocidad con que se trató el convenio en agosto. “No hubo tiempo para discutir esto. Lo planteamos en su momento y nos dijeron que no”, recordó Herrero.
Respecto del paso elegido, explicó que recurrieron a la Defensoría por su facultad para representar intereses colectivos. “Entendemos que esta es la vía y esta es la responsabilidad que le pedimos a la señora Defensora del Pueblo que ejerza”, afirmó. El organismo deberá evaluar la documentación y decidir si impulsa una demanda y solicita la cautelar: la presentación, por sí sola, no suspende el acuerdo.