Retiro voluntario para estatales 2026: quiénes pueden acceder y cuál es el monto

El Gobierno nacional estableció los requisitos, las condiciones de inscripción y las compensaciones económicas del nuevo régimen de retiro voluntario para empleados estatales. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a reducir la cantidad de trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada.

Según estimaciones oficiales, alrededor de 20.000 empleados estarían en condiciones de solicitar el beneficio. El período de inscripción se extenderá desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2026, aunque la normativa permite una prórroga por única vez de hasta 30 días corridos.

El monto que recibirá cada trabajador dependerá de su edad, antigüedad y aportes jubilatorios. Según el grupo al que pertenezca, podrá acceder a una gratificación única o a una compensación mensual durante un período determinado.

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario

El régimen está destinado al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, siempre que se desempeñen en las jurisdicciones y organismos incluidos en la Administración Pública Nacional centralizada.

Quedan excluidos, entre otros, los trabajadores de organismos descentralizados, el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Exterior, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Sistema Federal de Manejo del Fuego y los integrantes de orquestas, coros y ballets nacionales. También están excluidos determinados cargos docentes y los puestos civiles con prestación de servicios en el exterior.

Además, existen impedimentos vinculados con procesos penales, sumarios administrativos graves y otras situaciones laborales o previsionales. Los empleados que mantengan reclamos judiciales o administrativos contra el Estado deberán desistir formalmente de esas acciones para adherirse.

Cuánto cobrarán los empleados estatales

El decreto establece tres grupos, con diferentes modalidades de compensación. Para determinar la categoría se tendrá en cuenta la edad del trabajador al 31 de octubre de 2026.

El grupo 1 comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que todavía no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse. Podrán optar por una gratificación única o por un pago mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta durante un máximo de 36 meses, sujeto a las condiciones y los límites establecidos en la normativa.

El grupo 2 incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que tengan al menos 30 años de aportes jubilatorios. La compensación se calculará en función de la antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones y cinco salarios adicionales, sin superar el límite previsto en relación con los meses que falten para reunir los requisitos jubilatorios.

Por su parte, el grupo 3 está integrado por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. En este caso, se contempla una remuneración por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 sueldos, más cuatro salarios adicionales para quienes tengan menos de 15 años de servicio o cinco para quienes alcancen o superen esa antigüedad.

La base de cálculo será la remuneración bruta, normal, regular, habitual y permanente. A la compensación se sumará la liquidación final que corresponda por la finalización de la relación laboral.

Cómo se pagará y qué restricciones habrá

Cuando la gratificación única no supere los $20 millones, se abonará en un solo pago. Si supera ese monto, podrá dividirse en cuotas mensuales consecutivas de hasta $20 millones cada una, con un máximo de tres cuotas.

La presentación de la solicitud no garantiza la aprobación automática. Las autoridades competentes podrán rechazarla si consideran que la desvinculación afecta la continuidad, regularidad o eficacia de los servicios públicos. Tendrán 40 días corridos para resolver y, si no existe una aceptación expresa dentro del plazo previsto, el pedido se considerará rechazado.

Quienes accedan al retiro voluntario no podrán volver a incorporarse ni prestar servicios en el Sector Público Nacional durante ocho años desde la fecha de su desvinculación, con la excepción prevista para cargos docentes en universidades nacionales.

Además, los puestos que dejen los trabajadores que adhieran serán eliminados de la estructura estatal, de acuerdo con lo establecido en el decreto.