Eco Huarpe > Panorama
Bustamante, de Ambiente: "Activar sistemas que modifiquen el clima sin permiso, es un delito"
A punto de vencer los 30 meses de suspensión aprobados en 2024, el subsecretario de Desarrollo Sustentable adviertió que el registro está vacío y la activación no autorizada es ilegal.
A poco del vencimiento de los 30 meses de suspensión para el uso de tecnologías de modificación climática en San Juan, vuelve la controversia por los cañones antigranizo y los aviones rompetormentas. El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Héctor Bustamante, aseguró a DIARIO HUARPE que, aun cuando finalice la restricción establecida por la Ley 2648-L, continuarán vigentes los controles para su utilización.
El funcionario confirmó que, desde la habilitación del registro oficial, ninguna empresa ni particular solicitó autorización para utilizar estos dispositivos. Por lo tanto, cualquier sistema que opere sin habilitación estatal estará fuera de la ley.
"Ninguna tecnología de este tipo puede activarse en tanto no surja una autorización no solo por parte de la Secretaría de Ambiente, sino por una comisión evaluadora, que es interministerial", advirtió Bustamante.
Un esquema legal con dos fechas y dos dimensiones
La normativa fue sancionada por unanimidad el 16 de mayo de 2024, luego de las denuncias de productores ganaderos de Sarmiento, 25 de Mayo y Valle Fértil, que dieron origen a una investigación de DIARIO HUARPE sobre el uso de rompetormentas en campos de El Acequión.
Sin embargo, su reglamentación entró en vigor el 17 de diciembre de 2024, cuando se establecieron los mecanismos administrativos para controlar estas tecnologías.
Bustamante explicó que existen dos momentos de aplicación: la suspensión dispuesta por la ley y la puesta en funcionamiento del registro oficial, que comenzó con la reglamentación. Esta diferencia resulta clave para determinar los plazos de cada disposición.
Registro oficial en cero y la condición de ilegalidad
A pesar de que la reglamentación simplificó el trámite de inscripción mediante un código QR redirigido a un formulario digital donde los interesados pueden detallar las especificidades técnicas de sus artefactos, la administración ambiental no registra solicitudes de habilitación. Bustamante confirmó que la plataforma institucional no ha tenido movimiento alguno desde su lanzamiento. "Hay un decreto reglamentario, un proceso y un registro generado que está vacío", aseguró.
El subsecretario reiteró que disparar cañones o realizar siembra de nubes sin el aval gubernamental viola las leyes ambientales y expone a los responsables a severas sanciones. "El que no acredite eso, lo está usando de una manera ilegal", enfatizó.
El riguroso procedimiento de evaluación y el filtro interministerial
Para lograr una eventual autorización una vez finalizado el periodo de suspensión, las firmas interesadas deberán atravesar un procedimiento administrativo complejo y altamente exigente que invierte la carga de la prueba. La normativa exige identificar completamente el equipamiento, fundamentar su funcionamiento ecosistémico y demostrar científicamente que la tecnología empleada es inerte, es decir, que no provoca alteración alguna en las precipitaciones ni en el ciclo hidrológico de la provincia.
Bustamante precisó que la aprobación final no recae únicamente en la cartera ambiental, sino en una comisión ad hoc multidisciplinaria: "Pasa finalmente a una comisión interministerial que también tendrá que validar esa posibilidad de uso. Intervienen otros ministerios como Producción e Infraestructura".
El futuro legislativo y la vigencia del principio de precaución
Consultado sobre lo que puede ocurrir cuando se cumplan los 30 meses fijados por los legisladores, Bustamante recordó que la decisión de prorrogar la suspensión o sancionar un nuevo marco legal es una atribución exclusiva del Poder Legislativo o Ejecutivo. "Quizás se decida extender la suspensión o tomar otro tipo de medidas", meditó el subsecretario.
No obstante, remarcó que aun si la suspensión legislativa caducara, los mecanismos de control, el registro obligatorio y las exigencias científicas permanecerán vigentes de forma permanente.
El funcionario subrayó que el rigor estatal responde a la necesidad imperiosa de resguardar los recursos hídricos en una provincia históricamente azotada por la escasez de lluvias. "Es que estamos hablando de algo donde hay un principio de precaución respecto a un recurso que es fundamental y primario para San Juan como es el agua", concluyó Bustamante, ratificando el compromiso oficial con la preservación del ecosistema natural.