Rosas criticó la aprobación de deuda y pidió claridad del destino del dinero

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, cuestionó la aprobación del financiamiento por US$ 600 millones impulsado por el Gobierno provincial para ejecutar obras de infraestructura y reclamó que los municipios sean tenidos en cuenta en las decisiones estratégicas. La dirigente peronista también pidió precisiones sobre el destino de los fondos y sostuvo que aún existen dudas respecto de cómo se distribuirán los recursos autorizados por la Legislatura.

"Los intendentes no pretendemos cogobernar, pero sí ser escuchados y tenidos en cuenta porque gobernamos junto a la Provincia y conocemos las necesidades de nuestras comunidades", expresó a DIARIO HUARPE.

La jefa comunal también manifestó su malestar por la relación institucional con el Gobierno provincial y aseguró que los municipios no han encontrado espacios de intercambio para plantear sus inquietudes. "Desde el 14 de diciembre de 2023 venimos solicitando reuniones institucionales. Durante todo este tiempo no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos para expresar las necesidades de nuestros departamentos", afirmó.

Además, cuestionó la actitud del gobernador durante la jornada legislativa. "Nos sorprendió que no se acercara a saludar a ninguno de los intendentes presentes. Hubiera sido un gesto importante en una instancia de diálogo institucional", señaló.

La aprobación en Diputados

Las declaraciones de Rosas llegaron pocas horas después de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de San Juan. El proyecto obtuvo 23 votos a favor y 12 en contra, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y por la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quien siguió el debate desde el recinto acompañado por integrantes de su gabinete e intendentes de distintos departamentos.

La iniciativa contó además con el respaldo de seis legisladores de extracción justicialista, lo que permitió ampliar la diferencia a favor de la propuesta oficialista. Con la sanción de la norma, el Ejecutivo quedó habilitado para gestionar créditos, empréstitos, emisión de bonos y otros instrumentos financieros destinados exclusivamente a obras de infraestructura y gasto de capital.

Según explicó el Gobierno provincial al presentar el proyecto, los recursos estarán destinados a financiar obras vinculadas a infraestructura vial, recursos hídricos, saneamiento, energía, salud y viviendas. Entre las prioridades mencionadas figuran la construcción de nuevos barrios a través del IPV, una operatoria de 1.000 créditos habitacionales, mejoras en la Ruta Nacional 150 entre Jáchal e Iglesia, trabajos en rutas provinciales, ampliación de redes de agua potable y cloacas y obras hidráulicas para fortalecer la gestión del recurso hídrico.

Dudas sobre el destino de los fondos

Uno de los principales cuestionamientos de Rosas estuvo vinculado a la utilización concreta de los recursos que se obtendrán mediante el financiamiento. Según indicó, las explicaciones brindadas hasta el momento no alcanzan para despejar las dudas existentes.

"Primero se informó que cerca del 70% de las obras estarían vinculadas al desarrollo minero y luego se habló de proyectos habitacionales. Lo que necesitamos es claridad para saber exactamente en qué se invertirá este financiamiento", sostuvo.

La intendenta consideró que el monto autorizado obliga a brindar mayores precisiones. "Cuando se toma una deuda de esta magnitud, cada sanjuanino termina involucrado porque son compromisos que impactan sobre las cuentas públicas y, en definitiva, sobre toda la sociedad", afirmó.

"Los recursos no alcanzan. Esto no tiene que ver con una mala administración, sino con una realidad económica compleja que enfrentan los gobiernos locales y provinciales", expresó.

La dirigente reconoció que la paralización de gran parte de la obra pública nacional obliga a buscar alternativas para sostener proyectos de infraestructura. "Es entendible que se analicen mecanismos de financiamiento para concretar obras porque en el contexto actual existen pocas alternativas. Lo que pedimos es información precisa y participación en las decisiones", agregó.