San Juan se encamina a declarar la emergencia agropecuaria por las heladas

El Gobierno de San Juan se encamina a declarar la emergencia agropecuaria por las heladas tardías que afectaron a la producción provincial. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, confirmó que se recibieron más de 1.300 denuncias, que involucran unas 20.000 hectáreas, con un daño promedio del 50% sobre las superficies denunciadas. Ante este escenario, anticipó que convocarán a la Comisión Evaluadora para completar el procedimiento y luego recomendarle al gobernador Marcelo Orrego la declaración de emergencia.

En diálogo con San Juan en Noticias, de Radio Mitre, el funcionario explicó que los técnicos provinciales realizaron los peritajes correspondientes a las denuncias presentadas por los productores. Los resultados deberán ser ratificados por la Comisión Evaluadora, cuya convocatoria está prevista para los próximos días, antes de elevar la recomendación al Ejecutivo.

“Son más de 1.300 denuncias que involucran 20.000 hectáreas, con un daño promedio del 50% aproximadamente en esas hectáreas denunciadas”, precisó Fernández al dimensionar las consecuencias de las heladas.

El ministro detalló que, una vez avalados los informes técnicos, el Gobierno estará en condiciones de avanzar con el trámite provincial y gestionar posteriormente su homologación ante Nación.

“Esta comisión avalará ese dictamen y procederemos también a recomendarle al gobernador la declaración de emergencia agropecuaria en la provincia para, a partir de eso, proceder también a homologar esa emergencia a nivel nacional”, afirmó.

Qué beneficios podrían recibir los productores

Fernández aclaró que la eventual declaración de emergencia agropecuaria no implica que el Estado compense la totalidad de las pérdidas ocasionadas por las heladas. Su principal objetivo es habilitar herramientas de alivio fiscal y financiero para los productores que acrediten determinados porcentajes de afectación.

“No es que sea una tabla de salvación para el sector agropecuario”, sostuvo el ministro, quien advirtió que la medida no representa una solución económica integral para los agricultores.

Según explicó, los beneficios contemplan prórrogas impositivas y, en aquellos casos donde los daños superen el 80%, la posibilidad de acceder a exenciones tributarias. También mencionó tratamientos preferenciales para obligaciones financieras en instituciones públicas, como el Banco Nación, y herramientas vinculadas al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

De todos modos, el funcionario remarcó que estas medidas están sujetas a la acreditación de los daños y que su alcance dependerá de la situación particular de cada explotación agrícola.

Subsidios para pequeños productores de hasta 20 hectáreas

Más allá de los mecanismos previstos en una eventual emergencia agropecuaria, el Ministerio de Producción cuenta con herramientas de asistencia directa para pequeños agricultores afectados por contingencias climáticas.

Fernández explicó que existen subsidios destinados a productores de hasta 20 hectáreas, concebidos como una ayuda económica para mitigar las consecuencias de estos fenómenos.

“Son medidas de mitigación que se complementan con algunas herramientas que sí tenemos en el Ministerio de la Producción, que son asistencias directas a pequeños productores de hasta 20 hectáreas con un pequeño subsidio”, indicó.

Sin embargo, reconoció que estos aportes tienen un alcance limitado frente a la magnitud de las pérdidas. En ese sentido, insistió en que el acompañamiento estatal no puede reemplazar la totalidad de los ingresos que los productores dejan de percibir por los daños en sus cultivos.

Límites de la asistencia estatal

Durante la entrevista, el ministro también puso el foco en la vulnerabilidad de la agricultura frente a las contingencias climáticas, especialmente ante las heladas tardías, el granizo y otros fenómenos extraordinarios.

“Si hay una actividad expuesta a los vaivenes climáticos, claramente, y desde el nacimiento mismo de la actividad, es la agricultura”, expresó.

El funcionario consideró que las pérdidas ocasionadas por estos episodios forman parte de los riesgos de la actividad y sostuvo que, si bien el Estado debe ofrecer herramientas para reducir su impacto, no está en condiciones de compensarlas íntegramente.

“De ninguna manera el Estado y la sociedad entera puede salir a reparar de manera total e integral las pérdidas de un sector económico privado”, manifestó.