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Un empresario y dos implicados más por estafas con casas, con prisión preventiva
Se trata del empresario Miguel Aciar quien cumplirá junto a otros dos acusados 20 días detenidos en la comisaría del Médano de Oro por las presuntas estafas de viviendas.
POR REDACCIÓN
El empresario Miguel Aciar, propietario de la constructora DGA Ingeniería y Servicios S.R.L., se unió este viernes a la lista de imputados que cumplirán prisión preventiva por el delito de estafas reiteradas con viviendas. La medida, impuesta por la jueza Celia Maldonado de Álvarez por un plazo de 20 días, la cumplirá en la Subcomisaría Médano de Oro. Aciar comparte esta situación con el jefe sindical de la Unión Obrera Textil, Hipólito Roberto Vega, y el dueño de la constructora Afcom SRL, Francisco Fernández Muñoz.
Inicialmente, Aciar no había sido imputado al estar prófugo, pero se entregó en Tribunales el miércoles, un día después de la formalización de la causa contra Vega y Fernández. Este viernes, conoció los cargos en su contra. A diferencia de los otros dos, Aciar está imputado en 21 casos en total: 12 hechos relacionados con el perjuicio a los denunciantes del caso Nogales VII y nueve hechos vinculados a los presuntos damnificados del caso Textiles II. Esto lo vincula directamente con ambos proyectos.
La maniobra y el modus operandi detallados por el fiscal Duilio Ejarque y su equipo (respaldado ahora por el ayudante fiscal Pablo Ferrer) son similares en ambos casos. Aciar se habría comprometido a realizar estos proyectos habitacionales, pero nunca concretó las obras, omitió información crucial a los adjudicatarios e incumplió los objetivos estipulados en los contratos.
Detalles
Durante la audiencia, la fiscalía reveló que, en el caso del barrio Nogales VII, Aciar se había comprometido a pagar 1.080.000 dólares al dueño del lote de casi 33 hectáreas, un monto "exuberante" que nunca abonó. Su empresa, DGA, supuestamente se encargaría de la construcción de un barrio que sería financiado por el IPV, en un terreno que nunca fue cedido formalmente. A pesar de que el lugar nunca estuvo en regla, la empresa habría vendido un total de 125 terrenos sin ser legalmente suyos.
Otro detalle relevante aportado por la fiscalía es que, a principios de este 2025, la empresa comunicó a los compradores que el proyecto se realizaría en otra ubicación. Ante esta situación, Aciar y su socio ofrecieron a los damnificados la opción de seguir con la casa en la nueva ubicación o la devolución del dinero; sin embargo, esa plata nunca fue devuelta.
Además de quedar imputado y con prisión preventiva, la jueza ordenó el embargo de las cuentas bancarias y la inhibición de los bienes de Aciar, sus tres hijos y su esposa. La defensa, a cargo de la abogada Andrea Román, solicitó la libertad de su cliente argumentando que necesita seguir trabajando para cumplir con los proyectos. Asimismo, sostuvo que la causa debería tratarse en el Fuero Civil, ya que considera que se trata de un "incumplimiento contractual" y no de una estafa. "Necesita continuar con el desarrollo y no se ensucie su nombre", expresó la letrada.