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Un integrante de la Asamblea de Jáchal expuso ante la CIDH

La Asamblea de Jáchal pidió que se garanticen los controles estatales y la protección de los recursos naturales. Otros cinco países también llevaron sus observaciones.

Junto a delegaciones de 6 países latinoamericanos, el sanjuanino visibilizó un patrón sistemático de violaciones socioambientales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió planteos de la Asamblea Jáchal No se Toca. Fue durante las audiencias del 197° Período de Sesiones, realizadas en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en Panamá. Saúl Zeballos, integrante de la organización, expuso los problemas ambientales de la zona y puso en dudas la falta de controles y regulaciones.

La audiencia fue solicitada por las organizaciones Earthworks y MiningWatch Canada, con el respaldo de 71.000 firmas. Participaron comunidades de Argentina, México, Colombia, República Dominicana, Panamá y Ecuador.

“El objetivo principal fue que la Comisión tome en cuenta que existe un patrón sistemático en Latinoamérica y le pida al Estado canadiense que haga algo al respecto”, dijo Zeballos.

La delegación tuvo 20 minutos para exponer ante cuatro comisionados y Javier Palummo, relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Canadá participó con un diplomático en Panamá y una funcionaria desde Ottawa.

Planteos por los controles

Durante la audiencia, la representación canadiense mencionó guías de conducta y buenas prácticas. Según Zeballos, un comisionado observó que no existía un registro formal de sanciones por incumplir esas directrices. La discusión puso el foco en la eficacia de los mecanismos de control y prevención.

La asamblea cuestionó además las condiciones de infraestructura en la zona. Zeballos mencionó el estado de transitabilidad de distintos tramos de la Ruta Nacional 40 y los pedidos de reparación vial presentados ante las autoridades de San Juan.

La exposición insistió en la aplicación de la Ley de Glaciares. También recordó incidentes ambientales registrados durante 2015, 2016 y 2017, y monitoreos vecinales que, según la organización, detectaron modificaciones en los componentes químicos de la cuenca del río Jáchal y episodios de mortandad de fauna acuática en el dique Cuesta del Viento.

La delegación canadiense no respondió de inmediato. Los comisionados solicitaron que los informes técnicos y descargos sean enviados por escrito. Las audiencias permiten reunir información y evaluar los planteos, aunque no implican automáticamente una intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una mirada compartida por seis países

La presentación regional reunió denuncias sobre distintas problemáticas territoriales de seis países: restricciones de acceso a territorios en Panamá; procesos judiciales en México vinculados con la oposición a un emprendimiento minero en First Quantum; cuestionamientos por la calidad del agua en República Dominicana; y el debate por la preservación del páramo de Santurbán, en Colombia.

Las audiencias públicas permiten a la CIDH visibilizar conflictos, solicitar información a los Estados y recibir testimonios de las comunidades. Luego, el organismo puede requerir datos conforme al artículo 41 de su Reglamento, elaborar informes temáticos o analizar medidas cautelares ante situaciones graves y urgentes.

La Asamblea Jáchal No se Toca espera ahora la respuesta formal de Canadá y las próximas actuaciones de la Comisión. La organización busca que sus denuncias sobre protección del agua, controles ambientales y derechos de las comunidades tengan seguimiento internacional.

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