Universidades acordaron un 24% de aumento pero no retirarán la demana judicial

El Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un principio de acuerdo para otorgar un incremento salarial del 24% a los docentes universitarios, en el marco de una negociación que se extendió durante varias semanas y que buscó descomprimir el conflicto en el sistema de educación superior.

La propuesta consensuada contempla un aumento del 21,33% a partir de junio y una suba adicional del 3% en octubre. Además, se estableció que las paritarias se reabrirán cada tres meses para monitorear la evolución de la inflación y ajustar los salarios en función del contexto económico.

El entendimiento incluye también un refuerzo presupuestario para el sistema universitario. Entre los puntos destacados figura la asignación de $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios, que se suman a los $80.000 millones ya previstos, en respuesta a un reclamo histórico de las casas de estudio.

Asimismo, el acuerdo prevé un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y una actualización del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas desde 2024. En total, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida cercana a los $800.000 millones para sostener estas medidas.

Las negociaciones fueron encabezadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en representación del Gobierno, mientras que por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) participaron su presidente, Franco Bartolacci, y el vicepresidente Anselmo Torres.

Uno de los puntos de mayor tensión durante las conversaciones fue la exigencia del Ejecutivo para que las universidades desistieran de la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, los rectores rechazaron esa condición y ratificaron que mantendrán el reclamo en la Justicia.

Desde el sector universitario destacaron la apertura al diálogo por parte del Gobierno, pero dejaron en claro que no están dispuestos a renunciar a la ley aprobada por el Congreso. En ese sentido, plantearon como alternativa informar ante la Justicia que las partes avanzan en un acuerdo, sin abandonar la vía judicial.

El conflicto se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver el planteo tras la suspensión de la medida cautelar favorable que habían obtenido las universidades en instancias previas.

Mientras tanto, organizaciones estudiantiles y gremiales continúan con las acciones de visibilización. La Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical realizaron una clase pública frente a la Corte Suprema para reclamar una resolución favorable al financiamiento del sistema.

En provincias como San Juan, donde la Universidad Nacional de San Juan cumple un rol clave en la formación profesional y la investigación, el acuerdo es seguido con atención, ya que impacta directamente en el funcionamiento académico, los salarios docentes y la continuidad de proyectos científicos.

Aunque el entendimiento marca un avance, el escenario sigue abierto y dependerá tanto de la evolución económica como de la resolución judicial para definir el rumbo del sistema universitario en lo que resta del año.