Valle Fértil rechaza proyecto de ley de propiedad privada nacional

El Honorable Concejo Deliberante de Valle Fértil emitió la Declaración N° 186/2026 para manifestar su "profunda preocupación institucional" ante el proyecto de ley nacional denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Según el documento oficial, emitido el 30 de julio, esta iniciativa —cuyo tratamiento en el Senado de la Nación está previsto para el próximo 6 de agosto— representa una amenaza directa a la autonomía provincial y municipal, así como a la protección de los territorios locales. Los ediles vallistos argumentan que los alcances de esta normativa podrían vulnerar principios fundamentales del federalismo y el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, tal como lo establecen los artículos 1, 5, 121 y 124 de la Constitución Nacional.

La declaración fue presentada por la concejal Carina Calivar. "Como concejal Diaguita, siento la profunda responsabilidad de honrar la memoria de nuestros mayores y defender el territorio que nos da identidad, historia y futuro", explicó a DIARIO HUARPE. "La tierra no es solamente un bien material. Para nuestros pueblos es cultura, arraigo, trabajo, agua, biodiversidad y la posibilidad de que las próximas generaciones continúen viviendo en armonía con su entorno. Defender el territorio es defender la vida. Es cuidar el agua, los montes, los sitios sagrados, la producción rural, el turismo responsable y la memoria de nuestro pueblo".

Dicha declaración enfatiza que el departamento no solo es un activo económico, sino uno de los territorios de mayor riqueza ambiental, paisajística, arqueológica y cultural de San Juan. En esta región conviven productores rurales, familias criollas y comunidades indígenas cuya permanencia histórica constituye un valor social que el Estado debe proteger de manera permanente. El cuerpo legislativo advierte que el proyecto de ley nacional ignora la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizada por el artículo 75 inciso 17 de la Carta Magna, y pone en riesgo la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Ante este escenario, los funcionarios exigen a la Cámara de Senadores que, previo a cualquier tratamiento definitivo, se garantice un diálogo institucional inclusivo que cuente con la participación efectiva de provincias, municipios y organizaciones civiles. Asimismo, el texto hace un llamado urgente a los legisladores nacionales por San Juan para que adopten las medidas necesarias para resguardar el patrimonio natural y cultural de la región.

Defensa del federalismo y la autonomía provincial

El argumento central de la Declaración N° 186 radica en el respeto a la jerarquía constitucional. El Concejo Deliberante recordó que la Constitución de la Provincia de San Juan garantiza la autonomía de los municipios y les otorga competencias específicas para preservar el patrimonio y velar por los intereses de sus comunidades. En este sentido, cualquier legislación vinculada al régimen de tierras debe contemplar necesariamente la participación de las jurisdicciones locales para no incurrir en un avasallamiento de facultades no delegadas a la Nación.

Derechos territoriales y marcos internacionales

Un punto crítico señalado en el documento es la pérdida de vigencia, en noviembre de 2025, de la Ley Nacional Nº 26.160, que protegía a las comunidades indígenas frente a desalojos. Al no haberse prorrogado la emergencia en materia de posesión comunitaria, el nuevo proyecto de ley nacional podría profundizar la vulnerabilidad de estos grupos. En este contexto, el Concejo Deliberante invoca el Convenio Nº 169 de la OIT, el cual posee jerarquía superior a las leyes y obliga al Estado a realizar consultas previas e informadas a los pueblos indígenas sobre cualquier medida que afecte sus territorios.

Además, se menciona el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, el cual impide adoptar medidas legislativas que impliquen un retroceso en derechos ya reconocidos por tratados internacionales. La preocupación se extiende también a los pequeños productores y trabajadores rurales, cuya estabilidad se ve amenazada por la posible flexibilización en los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.

Dato

El Artículo 6° de la norma invita formalmente a otros municipios y concejos deliberantes de San Juan y del resto de la Argentina a adherir a este pronunciamiento en defensa de la soberanía municipal y la integridad territorial de la República.