Dos años después de robar un secador de manos del Centro Cívico, una mujer volvió a quedar en el centro de una causa judicial por no cumplir con las condiciones que le habían impuesto para evitar un juicio. La mujer debía realizar 60 horas de trabajo comunitario y pagar $20.000 al Estado, pero no cumplió con ninguna de las dos medidas y dejó de presentarse ante la Justicia. Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó que fuera declarada rebelde, un pedido al que el juez de la causa hizo lugar. El ayudante fiscal Pablo Quiroga estuvo presente en la audiencia, en la que se expuso que la imputada tampoco había informado un cambio de domicilio a las autoridades judiciales.