En medio de la creciente tensión institucional entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Vicuña y los planteos sobre límites interprovinciales, la mirada jurídica comienza a delinear con claridad el posicionamiento oficial. Desde la Fiscalía de Estado, el eje no está puesto en una escalada judicial, sino en la inexistencia —al menos por ahora— de un conflicto formal que requiera intervención en tribunales.