Preparan denuncia por el posible sobreprecio por la empresa de limpieza en Educación

Más de un mes y dos sesiones del periodo ordinario en la Cámara de Diputados. Ese es el tiempo que transcurrió hasta hoy desde que se conoció un posible caso de sobreprecio en la contratación de una empresa de limpieza para las oficinas de un ministerio. A raíz de esto y teniendo en cuenta que ningún legislador presentó algún pedido de explicación o investigación sobre el caso, los abogados que denunciaron en la justicia el caso de la ART, preparan la denuncia para que se investigue esta maniobra que involucra a la cartera del Ejecutivo de la gestión anterior.

Los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia habían anunciado que iban a esperar un tiempo prudente para que desde la legislatura, la oposición o cualquier diputado presentara alguna solicitud de explicación acerca del posible sobreprecio en la contratación de una empresa para unas oficinas del Centro Cívico. Ante la inacción de los representantes del pueblo en la asamblea, los abogados decidieron preparar e iniciar la recopilación de documentos y pruebas para presentar la denuncia en el ámbito judicial.

“Estamos juntando pruebas para ir a la justicia. No sabemos cuánto podemos demorarnos pero lo vamos a hacer lo antes posible. Esperábamos que los diputados opositores iniciaran una investigación, algo que vaya más allá de un pedido de informe, pero no hubo nada de eso”, disparó el también ex legislador Diego Seguí.

La causa se enmarca en la contratación directa que se realizó durante año a la empresa de limpieza Mapre para que se encargara de las oficinas del Ministerio de Educación en el Centro Cívico y el Instituto Superior de Formación Docente “Margarita Ferrá de Bartol”. Lo llamativo es que comenzó con un contrato anual de $2.390.000 en 2014 pero en 2015 se renovó el contrato pero la suma ascendió a $11.424.000 anuales. Pero además, a fines de 2015, precisamente en el último día de la gestión de Alicia García de García al frente del Ministerio, se renovó el contrato de forma directa y en esa oportunidad por $13.359.600 anuales. El caso salió a la luz cuando la actual gestión de la cartera educativa llamó a licitación y contrató un servicio con las mismas características por cerca de 10 millones de pesos menos, es decir, un tercio de lo que se pagaba.

Teniendo en cuenta los datos dados a conocer, los abogados que también presentaron en la justicia la denuncia para que se investigue el posible sobreprecio entre el Gobierno giojista y la contratación de la ART, impulsarán la investigación judicial de aquello que los legisladores opositores no quisieron disparar.