ATAP reclamó $9.700 millones y explicó la reducción de colectivos en San Juan

Las empresas concesionarias del transporte público de San Juan aseguraron que la reducción transitoria de frecuencias responde a una crisis financiera provocada por el atraso en el pago de compensaciones tarifarias. Según la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), la deuda acumulada alcanza aproximadamente los $9.700 millones.

El comunicado fue difundido después de que la Secretaría de Tránsito y Transporte anunciara sanciones económicas contra Empresa Mayo y Transporte Libertador por disminuir unilateralmente la cantidad de colectivos en circulación. Antes de que ATAP formalizara su postura, el organismo provincial había negado que existieran pagos provinciales atrasados.

La asociación está integrada por Empresa Albardón, Empresa Mayo, El Triunfo, Transporte Libertador, Nuevo Sur, Valle del Sol, Vallecito, Alto de Sierra y la UTE La Marina-La Positiva.

Desde ATAP remarcaron que las compañías “no reciben subsidios” y aclararon que los recursos reclamados son compensaciones destinadas a reducir el precio que pagan los usuarios.

“En otras palabras, el verdadero beneficiario de estas compensaciones es el pasajero, ya que permiten que la tarifa abonada sea inferior al costo real del servicio”, señalaron.

La deuda que marcan

Según detallaron, cerca del 60% de la deuda corresponde a obligaciones de la Provincia y el 40% restante a compromisos de la Nación. Los fondos están vinculados con boletos escolares y docentes, trasbordos, atributos sociales y otros beneficios tarifarios.

La falta de esos recursos, afirmaron, generó un “severo desfinanciamiento” y afectó la capacidad de afrontar gastos como combustible, salarios, mantenimiento, repuestos y otros costos operativos.

“Durante todo este tiempo, las empresas han realizado un enorme esfuerzo para sostener el transporte público y evitar mayores perjuicios a los usuarios”, expresaron. Sin embargo, advirtieron que la magnitud de la deuda impide conservar la prestación habitual sin comprometer su continuidad.

ATAP también aseguró que desde el 28 de mayo realiza presentaciones administrativas para advertir sobre la situación. Entre ellas mencionó los expedientes Nº 210-1599-26 y Nº 210-1993-26, mediante los cuales pidió conformar una mesa técnica y tomar medidas para recuperar el equilibrio económico del sistema.

Sanciones y negativa

Antes del comunicado empresarial, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, había anunciado sanciones contra Mayo y Libertador por reducir sus frecuencias sin autorización.

Las declaraciones surgieron luego de que la UTA señalara que las empresas argumentaban atrasos en los pagos. Molina rechazó esa versión y aseguró que los desembolsos provinciales se encontraban dentro del cronograma previsto.

“El Gobierno de la provincia no mantiene deuda con las empresas, está en el cronograma de pago como corresponde”, afirmó. También indicó que la Provincia destina alrededor de $5.000 millones mensuales para sostener el sistema.

El funcionario sostuvo que ambas compañías incumplieron el pliego de concesión y adelantó que las multas se definirán luego de determinar cuántas unidades y frecuencias dejaron de prestar.

Diálogo abierto

Desde ATAP reconocieron las complicaciones que la reducción de frecuencias genera entre los usuarios y señalaron que la medida busca sostener la continuidad del servicio.

Finalmente, las empresas solicitaron retomar el diálogo con las autoridades provinciales para analizar las compensaciones pendientes y avanzar en la normalización de las frecuencias.