RIGI: El 64% de la inversión se concentra en 6 empresas que extraen recursos naturales al país

A dos años de implementado el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), y pese a los constantes anuncios de inversiones millonarias, la información oficial sobre sus impactos reales sigue siendo opaca.

El segundo boletín del Observatorio del RIGI —iniciativa conjunta de las organizaciones CELS, FARN, UNSAM, CEPPAS, ETFE y TNI— pone la lupa sobre este modelo de concentración de capital y revela que el financiamiento se concentra en solo seis entidades bancarias (Banco Nación, ICBC, Galicia, Citibank, BBVA y Santander), mientras que seis compañías explican el 64,4% de la inversión comprometida (YPF, Glencore, Chevron, Pluspetrol, Pampa Energía y Rio Tinto), debido en varios casos a su participación simultánea en distintos proyectos de minería e hidrocarburos.

El análisis detalla que existen tres mecanismos de financiación (créditos bancarios, préstamos sindicados y obligaciones negociables). El proyecto más ambicioso del régimen es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto consorciado entre YPF, Shell Argentina, Pampa Energía, Vista, Pluspetrol, Pan American Energy, Tecpetrol y Chevron Argentina que conectará Neuquén con el Golfo San Matías (Río Negro) para exportación.

Su financiamiento se apoya en un préstamo sindicado internacional de 2.000 millones de liderado por los bancos Citi y Santander (cubriendo el 70% de la inversión requerida), completado con aportes de capital de las socias y endeudamiento bancario local con los mismos acreedores (Citibank con Shell, y Santander con YPF y Pluspetrol).

La arquitectura financiera evidencia que ni la inversión extranjera directa ni el capital propio bastan, exponiendo al sistema bancario al desempeño de Vaca Muerta.

En cuanto a la transparencia institucional, la Ley 27.739 de 2024 creó el Registro Público de Beneficiarios Finales para identificar a titulares de empresas y consorcios siguiendo recomendaciones de la OCDE, GAFI y ONU. Sin embargo, amparándose en el secreto fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rechazó los pedidos de información pública del Observatorio.

Detrás de los proyectos operan trasnacionales mineras e hidrocarburíferas donde confluyen las familias más ricas del país (Bulgheroni, Mindlin, Poli y Rocca), el Estado argentino (vía YPF) y accionistas globales como BP, Shell, Chevron o grandes fondos de inversión como BlackRock (presente en proyectos como Fénix o Vicuña). Pan American Energy, por ejemplo, se compone de un 50% de BP, 25% de CNOOC y 25% del grupo local Bulgheroni.

El informe advierte que el RIGI supone un gran sacrificio fiscal al dejar de recaudar Impuesto a las Ganancias, retenciones a la exportación y aranceles a importaciones, limitando la redistribución regional de recursos y generando mayor desigualdad frente al resto de la economía.

A dos años de vigencia, se presentaron 42 proyectos de los cuales 23 fueron aprobados, con una abrumadora concentración en minería e hidrocarburos (más del 95% de la inversión total), consolidando un perfil extractivista y primarizado con petróleo, cobre, gas y litio.

Las provincias de Neuquén, San Juan y Río Negro concentran el 80% de las inversiones, seguidas por Catamarca y Salta, mientras que regiones enteras o sectores como el turismo y la foresto-industria no registran proyectos.

Finalmente, el Decreto 105/2026, que incorporó proyectos en fase de extracción de hidrocarburos, duplicó la inversión prometida, configurando una nueva transferencia de recursos a sectores ya expandidos.

El proyecto VMOS

El proyecto más ambicioso del RIGI es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto que conectará la formación neuquina con el Golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, con fin único de exportación. VMOS es un consorcio conformado por YPF, Shell Argentina, Pampa Energía, Vista, Pluspetrol, Pan American Energy, Tecpetrol y Chevron Argentina. Mediante un préstamo sindicado internacional, liderado por los bancos Citi y Santander, de 2000 millones de dólares se financia el 70% de la inversión de capital requerida para esta mega infraestructura.

El porcentaje restante se completa con aportes de capital de las empresas socias y endeudamiento bancario local. Esos préstamos provienen de los mismos bancos. El Citibank es el principal acreedor de Shell, así como Santander de YPF y Pluspetrol.

Esta presencia repetida de entidades bancarias es una constante en el régimen. El informe del Observatorio reseña que el financiamiento del RIGI se concentra en solo seis entidades bancarias: Banco Nación, ICBC, Galicia, Citibank, BBVA y Santander. La arquitectura financiera descripta muestra que ni la inversión extranjera directa, ni el capital propio de las empresas involucradas bastan para desarrollar los proyectos. Pero, además, da cuenta del grado de exposición del sistema bancario al desempeño económico de Vaca Muerta.

La renta en pocas manos

Por otro lado, las compañías que reciben los beneficios del RIGI son pocas y tan solo seis explican el 64,4% de la inversión comprometida: YPF, Glencore, Chevron, Pluspetrol, Pampa Energía y Rio Tinto. En varios casos, esto se debe a la participación simultánea en distintos proyectos. Por caso, Glencore es parte de dos megaproyectos de cobre, El Pachón y Agua Rica, mientras que Río Tinto está presente en Rincón, Fénix y Los Azules.

Las vaquitas son ajenas

El RIGI supone grandes sacrificios fiscales por parte del Estado nacional al dejar de recaudar el Impuesto a las Ganancias, las retenciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones. Esto implica menos capacidad de redistribuir recursos entre regiones del país y, por lo tanto, mayor desigualdad.

Además, produce un impacto diferencial entre áreas económicas ya que grandes conglomerados que operan en sectores con ventajas naturales competitivas gozan de exenciones que el resto de la economía no tiene.

La evidencia reunida por el Observatorio muestra que el RIGI beneficia a un grupo reducido de corporaciones que expresan la asociación entre capitales locales e internacionales.