El 76% de encuestados exige subir ingresos antes que bajar la inflación

Un cambio de época en las prioridades de la opinión pública argentina pone en jaque el eje central del discurso del Gobierno nacional. Según dos relevamientos independientes realizados por Hugo Haime y Asociados y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), los bajos salarios y las dificultades para llegar a fin de mes desplazaron a la inflación como la principal preocupación económica del país. A

Ante la consulta de Haime sobre si el Ejecutivo debe priorizar la política antiinflacionaria o mejorar los ingresos, un contundente 76 % optó por la mejora salarial, mientras que apenas un 22 % prefirió mantener el foco exclusivo en los precios.

Las investigaciones coinciden en señalar el fuerte deterioro de las finanzas familiares. Por ejemplo, el estudio de CELAG (2.000 casos presenciales, 30 de septiembre al 20 de octubre), reveló que el 89,6 % de las personas no llega a fin de mes o lo hace con mucho esfuerzo.

Específicamente, un 37,5 % afirma que directamente sus ingresos no le alcanzan, un 52,1 % llega "muy justo" y tan solo un 10,1 % manifiesta llegar bien. Asimismo, el 45,4 % ubica a la situación económica cotidiana como el mayor problema del país, muy por encima de la inseguridad (22,2 %) y la corrupción (14,9 %).

Al desagregar los problemas diarios, el 37,4 % señala los bajos ingresos, superando a los precios altos (18,8 %), el costo de servicios básicos (18 %), el endeudamiento familiar (13 %) y la vivienda (12,5 %).

En el otro estudio, el de Hugo Haime (1.200 casos presenciales, telefónicos y digitales, 21 al 28 de septiembre), el 42 % identifica a los bajos salarios como la principal afectación cotidiana, por sobre la inflación (36 %).

En la mirada general del país, los salarios encabezan con el 35 %, seguidos por la desocupación con el 31 %. En el ámbito del hogar, el 53 % debió dejar de comprar productos necesarios, el 26 % pidió dinero prestado —un salto drástico respecto al 14 % registrado en julio de 2024—, el 21 % se endeuda con tarjeta de crédito y el 14 % recurre a sus ahorros. Solamente un 27 % señala que sus ingresos son suficientes.

Percepción sobre la inflación y desgaste de la gestión

Respecto a la eficacia del programa económico de Javier Milei, el relevamiento de Haime señala que el 53 % considera que los precios no están controlados y los ingresos no alcanzan, un 33 % admite que la inflación se desaceleró pero afirma que el dinero igual no le alcanza, y únicamente un 14 % percibe precios controlados e ingresos suficientes. En relación con el ajuste, el 41 % expresa que nunca estuvo de acuerdo con el programa, un 23 % se manifiesta decepcionado porque el esfuerzo "no vale la pena", y un 35 % sostiene que el sacrificio sigue valiendo la pena.

En cuanto a la valoración global de la gestión, Haime registra una desaprobación del 63 % frente a un 34 % de aprobación. Por su parte, CELAG indica que el 51,1 % considera que Milei hace una mala gestión y el país empeora, mientras que un 18,1 % reconoce logros pero evalúa los costos sociales como demasiado altos (sumando un 69,2 % de posición crítica o de rechazo). La evaluación negativa general en CELAG alcanza el 60,7 % contra un 38,7 % de aprobación.

Paradoja política y escenario electoral

Pese al marcado descontento económico, la insatisfacción social no se traduce en una hegemonía opositora. El oficialismo retiene un piso de apoyo basado en la polarización: entre quienes evalúan positivamente al Presidente en el estudio de CELAG, el 59,4 % argumenta que su motivo principal es que Milei "es el único capaz de impedir el retorno del peronismo".

Esta paridad se refleja directamente en el plano electoral. Ante un hipotético escenario de balotaje medido por CELAG entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Javier Milei, la proyección arroja un empate técnico: Kicillof obtiene el 42,7 % frente al 42,5 % del mandatario nacional (diferencia de dos décimas, muy por debajo del margen de error), mientras que un 14,8 % afirma que no elegiría a ninguno de los dos.

Los datos ratifican que, aunque la estabilidad de precios ya no calma el malestar por la pérdida de poder adquisitivo, el mapa político continúa polarizado.