Política
El examen para contratados del Estado nacional alcanzará a unos 880 sanjuaninos
Jorge Oruste, secretario regional de UPCN, mostró sorpresa por la medida de la gestión de Milei.
POR REDACCIÓN
En San Juan, alrededor de 1.100 empleados públicos, quienes desempeñan funciones en 47 reparticiones nacionales, se encuentran bajo la lupa de la gestión de Javier Milei. Según el secretario general de UPCN Regional, Jorge Oruste, aproximadamente el 80% de estos trabajadores son contratados (880 precisamente) lo que representa un universo significativo de potenciales evaluaciones en este nuevo contexto administrativo.
La semana pasada, el Gobierno Nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, anunció un examen de idoneidad que afectará a más de 40.000 empleados públicos en todo el país. Esta medida, que se enmarca dentro de una estrategia de "racionalización del Estado" impulsada por Milei desde el inicio de su mandato, tiene como objetivo analizar si se renovarán los contratos de tiempo definido que están por vencer. Los exámenes se llevarán a cabo en diciembre, coincidiendo con la conclusión de los contratos de planta transitoria, y su aprobación será un requisito indispensable para la renovación.
En diálogo con radio Estación Claridad, Oruste expresó su cautela frente a esta medida: "Realmente nos cayó como de sorpresa, porque en el Estado Nacional se concursa anualmente, se hacen exámenes de evaluación. No es algo nuevo". A pesar de la incertidumbre sobre cómo se implementarán estos exámenes, el sindicalista aclaró que el proceso de evaluación y preparación para desempeñar cargos públicos ya es una práctica habitual en las reparticiones nacionales.
Oruste explicó que, además de los exámenes de ingreso, los empleados deben cumplir con evaluaciones de desempeño anuales, lo que añade un nivel de exigencia al trabajo en el sector público. “Nosotros concursamos todos los años. No sabemos qué es lo que se va a implementar ahora, pero eso no nos preocupa, porque eso lo venimos haciendo desde siempre", afirmó.
TE PUEDE INTERESAR
Las reacciones en el ámbito sindical no se han hecho esperar. Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), comentó que no aceptarán los exámenes, considerándolos ilegales. Al respecto, Oruste calificó la situación como "psicopatía" y enfatizó la importancia de que aquellos en posiciones de liderazgo también cumplan con evaluaciones similares, recordando casos recientes en la oficina de ANSES.
La incertidumbre que envuelve a la implementación de estas evaluaciones ha generado un clima de tensión en el sector público. Los empleados pagan una gran incertidumbre sobre su futuro laboral, mientras que los líderes sindicales esperan más claridad sobre las nuevas políticas que se traducirán en una mayor exigencia para quienes ya están en funciones.
Con una serie de desafíos por delante, la gestión de Javier Milei pone a prueba no solo la estabilidad del empleo público, sino también la capacidad de adaptación de un sistema que, hasta el momento, se había manejado con reglas establecidas y normativas claras. La expectativa está puesta en el desarrollo de estos exámenes y en las posibles repercusiones que tendrán en el escenario laboral de San Juan y el país.