El Gobierno estudia un congelamiento de tarifas hasta después de las elecciones

El Gobierno evalúa por estas horas suspender los aumentos de tarifas de la energía y el transporte público por lo menos hasta noviembre, después de las elecciones presidenciales. La medida formaría parte de un paquete que prepara para los próximos días el ministro de Economía, Sergio Massa, con foco en la clase media (adicional a lo anunciado el domingo pasado), y va en línea con el congelamiento de los precios de los combustibles, los medicamentos y las cuotas de las prepagas.

La decisión la deberá tomar el candidato a Presidente de Unión por la Patria entre hoy y mañana, tras analizar el incremento en los subsidios que provocaría mantener sin cambios las tarifas de luz en todo el país y de trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A la vez, tiene que hacer equilibrio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya directora Gerente, la búlgara Kristalina Georgieva, blanqueó nuevamente la semana pasada la presión del organismo para reforzar los aumentos de tarifas y generalizarlos a toda la población, no solo a los usuarios de ingresos altos.

En una nueva etapa de la campaña presidencial que comenzará la próxima semana, Massa ya quiere dejar atrás las malas noticias de la economía y los ajustes para corregir desequilibrios macro.

Dólar, devaluación, tarifas y subsidios

La devaluación del peso contra el dólar el día después de las elecciones PASO incrementó en un 11% el costo económico de la energía eléctrica previsto para el trimestre agosto-octubre, pues ya estaba calculado un tipo de cambio promedio de $ 310 para el período. Según cuentan en los despachos del Palacio de Hacienda, trasladarlo a los usuarios conllevaría un aumento de tarifas cercano al 4% promedio a nivel nacional.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, elevó a Massa el informe que recibió de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y una propuesta para los hogares de ingresos altos, medios y bajos, pero el candidato no está convencido de la viabilidad de volver a subir tarifas a 50 días de las elecciones generales y 30 días después de la última actualización.

En el mismo sentido, el Ministerio de Transporte también estudia un congelamiento de los boletos de trenes y colectivos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires por 90 días, tiempo en el que, además, explorarían un nuevo mecanismo de actualización para desindexar las tarifas de la inflación.

Para este viernes 1 de septiembre estaba previsto un aumento del 6,2% del transporte público en AMBA, que refleja la inflación que hubo en julio en el Gran Buenos Aires, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ausencia de un proceso de ralentización sostenida de la inflación, el mecanismo de actualización de tarifas indexado a los precios de la economía alimenta la escalada y golpea sobre todo a la clase media y sectores de bajos recursos que no tienen vehículo propio.

El boleto mínimo de colectivos es de $ 52,96 desde agosto, mientras que el de trenes oscila entre $ 25,72 y $ 33,28, dependiendo de la línea. Es posible que estos valores queden fijos por lo menos hasta noviembre.

Si bien los precios del transporte público automotor en AMBA siguen atrasados respecto al Interior (por ejemplo, en Mar del Plata, viajar en colectivo cuesta $ 165; en Bariloche, $ 158; y en Córdoba, Santa Fe y Rosario, $ 120), desde agosto de 2022 hubo alzas desde los $ 18 hasta $ 35 en diciembre del año pasado, con lo cual se fue achicando esa brecha.

De acuerdo a las estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, si el Estado absorbiera el costo de la devaluación, los subsidios treparían en $ 70.000 millones (equivalente a 200 millones de dólares o 0,03% del Producto Interno Bruto -PIB-) hasta fin de año.

El monto y su impacto fiscal es exiguo; más problemático para el Gobierno sería que los hogares sufrieran otra suba en las facturas que deberían llegarles a pocos días de las elecciones, teniendo en cuenta que la meta de subsidios (incluidos energía, transporte y agua) en 2023 pasó de 2% a 2,3% del PIB y solo los de energía ocupan 1,5%, objetivo que se mantuvo estable.

Para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los subsidios acumulan u$s 6564 millones en lo que va del año; el Fondo destacó que ya hubo un ajuste del 15% en términos reales, aunque pide nuevos aumentos para hogares, comercios e industrias.