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El juez Montilla denunció la filtración del video en la Justicia Federal
En medio de la investigación por beneficiar a un detenido, el juez Roberto Montilla presentó una denuncia en la Justicia Federal por la divulgación de un video que lo compromete. Las críticas apuntan a la Comisaría 4º.
POR REDACCIÓN
El juez de garantías, Roberto Montilla, sigue en el centro de la polémica. Mientras es investigado por intentar mejorar la situación de un detenido ajeno a su jurisdicción, el magistrado volvió a encender la mecha al presentar una denuncia en la Justicia Federal por la filtración de un video que lo muestra en la Comisaría 4º. En la grabación, Montilla aparece solicitando el traslado de un hombre de 84 años a un hogar de adultos mayores.
La presentación judicial apunta, según trascendió, al accionar de la comisaría donde fue grabado el video. Aunque el juez se negó a confirmar si acusó directamente a policías, sí reconoció que está “defendiéndose”. Fuentes judiciales afirman que no hay elementos de competencia federal en su denuncia, por lo que el expediente sería derivado nuevamente a la Justicia provincial, de acuerdo a lo publicado por 0264 Noticias.
No es la primera vez que Montilla reacciona ante el avance de la investigación. Semanas atrás, denunció al fiscal Iván Grassi por presunto incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, pero su reclamo fue archivado por el fiscal Francisco Micheltorena, quien remarcó una “desconcertante ignorancia del derecho” por parte del magistrado.
En esta nueva movida, Montilla intentó realizar la denuncia presencialmente en la Fiscalía Federal, pero al no haber personal disponible, acudió a la delegación de la Policía Federal, donde se le tomó el escrito. Allí volvió a responsabilizar a la Comisaría 4º por la divulgación del video, aunque todo indica que la presentación no avanzará por falta de competencia federal.
Mientras tanto, el juez Montilla afronta una investigación de seis meses, tiempo en el que el fiscal Grassi deberá reunir pruebas sobre posibles delitos de usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público. En paralelo, también está en análisis un posible pedido de juicio de remoción por mala conducta y desconocimiento del derecho.