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El Senado tratará la nueva Ley de Salud Mental e inversiones desde US$12 millones
La Cámara alta buscará sesionar este jueves desde las 11 para avanzar con una reforma de la Ley de Salud Mental y un régimen de incentivos fiscales para proyectos productivos desde los 12 millones de dólares.
POR REDACCIÓN
El Senado de la Nación se prepara para sesionar este jueves 29 de octubre desde las 11, con una agenda que tiene como principales proyectos la reforma de la Ley de Salud Mental y la creación de un régimen de incentivos fiscales para inversiones productivas a partir de los 12 millones de dólares.
El temario fue acordado de manera preliminar entre representantes de La Libertad Avanza y bloques de la oposición dialoguista, durante una reunión realizada el martes en las oficinas del bloque radical. Sin embargo, la agenda debía confirmarse este miércoles a las 14, durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque.
Además de las dos iniciativas centrales, se prevé incluir un proyecto para regular el mercado voluntario de bonos de carbono, entre otros asuntos.
La reforma de Salud Mental y las diferencias por el financiamiento
Uno de los puntos centrales será el proyecto que modifica la legislación vigente sobre salud mental. La iniciativa propone cambios en los criterios de internación, el funcionamiento de los equipos profesionales y la atención de personas con padecimientos psíquicos y adicciones.
Entre los aspectos más discutidos figura el rol de psiquiatras y psicólogos en las decisiones clínicas. El texto prioriza la intervención médica, con preferencia por especialistas en psiquiatría, aunque mantiene la participación de psicólogos en equipos interdisciplinarios.
Para las internaciones, la propuesta contempla la firma de un médico —preferentemente con formación en salud mental— junto con otro profesional, con participación de un psicólogo en la evaluación y en una eventual alta. Las internaciones involuntarias se notificarían a un juez, sin que este intervenga en la decisión clínica.
El proyecto también amplía el concepto de adicciones para incluir la ludopatía, incorpora medidas específicas para niños y adolescentes y establece un plan de egreso con seguimiento. Además, contempla dispositivos de atención ambulatoria y domiciliaria, como hospitales de día y casas de convivencia, y prohíbe las prácticas manicomiales.
Uno de los obstáculos para reunir apoyos está relacionado con el financiamiento. Algunos aliados reclamaron que el compromiso económico de la Nación para los acuerdos con las provincias quede expresamente establecido. El oficialismo se comprometió a modificar la redacción, aunque el resultado de las negociaciones todavía estaba abierto.
Incentivos fiscales para inversiones desde US$12 millones
El segundo proyecto central es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi.
La propuesta apunta a atraer proyectos productivos de grandes empresas a partir de inversiones de 12 millones de dólares. Entre las actividades contempladas figuran la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las Ganancias, con excepción de automóviles, además de obras destinadas directamente a actividades productivas en el país.
La iniciativa busca ofrecer beneficios fiscales para promover nuevas inversiones y fortalecer la actividad económica.
Qué pasó con el tratado de patentes
A diferencia de lo previsto en anteriores negociaciones parlamentarias, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) quedó fuera del temario preliminar.
El Senado había aprobado el acuerdo en 1998, pero Diputados introdujo modificaciones durante su tratamiento en agosto, por lo que el expediente regresó a la Cámara alta para una segunda revisión.
En paralelo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General tenían previsto avanzar con el dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió de Diputados con cambios en el capítulo sobre tierras rurales. La intención del oficialismo era completar su tratamiento antes del cierre del período de sesiones ordinarias.