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Gobierno nacional flexibiliza el RIGI para extranjeros con sede local

El Decreto 1366/2026 cambió la definición de proveedor local. Ahora importa la constitución y domicilio en el país, no el origen del capital.

POR REDACCIÓN

El proyecto Vicuña es el más grande de los proyectos del RIGI que está en San Juan. (Foto: Archivo).

El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida, rubricada por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli, introduce cambios en la definición de proveedores locales, en los plazos de inversión y en el ingreso de divisas.

Según los considerandos oficiales, las reformas responden a la experiencia acumulada durante la implementación del régimen y buscan brindar precisiones operativas a los proyectos adheridos.

 El nuevo concepto de "Proveedor Local"

El artículo 1° del decreto sustituye la definición de proveedor local. A partir de ahora, para las personas jurídicas, esta condición se determina estrictamente por su constitución y domicilio legal en Argentina.

Esto implica que la nacionalidad, la residencia de sus accionistas o la composición de su capital social ya no son un obstáculo. De esta manera, una empresa extranjera que cree una filial y se radique en el país podrá calificar como proveedora local para las grandes inversiones. Para la provisión de bienes, se mantiene el requisito de cumplir con los criterios de origen nacional del MERCOSUR.

Plazos de inversión para grandes proyectos

El artículo 2° modifica el artículo 47 de la reglamentación para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría especial del RIGI para emprendimientos de gran escala.

Anteriormente, las empresas debían cumplir con montos de inversión mínimos en plazos escalonados por etapas (por ejemplo, acreditar 400 millones de dólares en los primeros dos años). Con la nueva redacción, se separa el monto global de inversión de los compromisos por etapa y se establece una única fecha límite para cumplir con el monto mínimo exigido al proyecto en su conjunto.

Un caso testigo de este cambio es el proyecto sanjuanino Vicuña (BHP y Lundin), que tiene un RIGI por 9.737 millones de dólares (en su primera etapa) y debía acreditar 400 millones en dos años. Ahora, esa exigencia temporal se unifica en una sola fecha límite.

Fusiones y nuevos socios

El artículo 3° actualiza las reglas para las operaciones societarias de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son las estructuras legales creadas para ejecutar cada inversión.

La norma ratifica que cualquier tercero puede comprar acciones de un proyecto adherido al RIGI sin perder los beneficios, aunque esa compra no contará como inversión para alcanzar el monto mínimo. También se habilita la cesión de participaciones y el ingreso de nuevos miembros en contratos asociativos o uniones transitorias. Esto permite que proyectos como Los Azules (McEwen) o El Pachón (Glencore) puedan incorporar nuevos socios, notificando a la autoridad de aplicación en un plazo de 15 días. Asimismo, se permite que las sucursales se transformen en Sociedades Anónimas (SA) sin perder la fecha de adhesión original al RIGI.

Flexibilidad para el ingreso de divisas

El artículo 4° modifica las condiciones para el acceso al mercado de cambios, en línea con las normas del Banco Central (BCRA). Para cumplir con las obligaciones de liquidación de divisas, el cómputo ya no se restringe únicamente a los fondos que ingresa el VPU de manera directa.

Ahora, también se podrán computar las divisas provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos financieros externos que ingresen los accionistas directos o indirectos del proyecto, o los miembros de uniones transitorias. Para que sean válidos, los fondos deben destinarse efectivamente al proyecto y contar con registros contables que garanticen su trazabilidad.

El impacto en la cartera de San Juan

Estos cambios normativos cobran una relevancia estratégica para la provincia. Como se informó este lunes en DIARIO HUARPE, San Juan proyecta desembolsos privados por más de USD 22.400 millones motorizados principalmente por el RIGI, con la expectativa de generar más de 44.600 empleos directos e indirectos en los próximos años.

La flexibilización en la definición de proveedores locales y las nuevas reglas para el ingreso de divisas y fusiones apuntan directamente a destrabar la operación de los cuatro gigantes mineros ya aprobados (Vicuña, Los Azules, Gualcamayo y Veladero). Para que esa lluvia de inversiones se concrete y llegue a la meta de exportar entre USD 15.000 y 20.000 millones en cobre hacia 2035, la provincia necesitará que las cadenas de suministro y el financiamiento de los proyectos no se frenen por trabas burocráticas. Ese es, precisamente, el objetivo que persigue la nueva reglamentación.

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