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Gobierno oficializa aumentos salariales para las fuerzas de seguridad
La medida contrasta fuertemente con la situación de los trabajadores estatales, que recibieron pautas paritarias a la baja, y el congelamiento presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.
POR REDACCIÓN
En una nueva definición de sus prioridades políticas, el gobierno de Javier Milei oficializó por decreto un esquema de aumentos salariales que beneficia a las fuerzas federales de seguridad y a las Fuerzas Armadas, con subas de hasta el 35%. La medida contrasta fuertemente con la situación de los trabajadores estatales, que recibieron pautas paritarias a la baja, y el congelamiento presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.
Mientras la Casa Rosada mantiene pisado el presupuesto universitario y congela los ingresos de la mayoría de los trabajadores estatales, el Poder Ejecutivo dispuso incrementos de hasta un 35% para los sectores uniformados, garantizándoles una recomposición que se ubica holgadamente por encima de los índices de inflación proyectados para el último cuatrimestre del año.
La medida, articulada a través de una serie de resoluciones del Ministerio de Seguridad y decretos presidenciales, otorga a la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval recomposiciones netas que oscilan entre el 20 y el 35%, con especial foco en los escalafones más bajos y suplementos por despliegue territorial.
En el caso del personal militar, la suba dispuesta para el período septiembre-diciembre alcanzará un 12,22% acumulativo, llevando el ajuste anual al 32%. El marcado contraste entre la generosidad presupuestaria destinada a las fuerzas de represión y la asfixia aplicada a la salud y la educación pública vuelve a dejar al descubierto la lógica de gobierno libertaria.
En el extremo opuesto de la balanza estatal, el ajuste recae con implacable dureza sobre la Administración Pública Nacional. A través del Decreto 832/2026, el Ejecutivo homologó una pauta salarial migaja para los trabajadores civiles: 1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre.
Esta paritaria de miseria, firmada en soledad por la conducción de UPCN y repudiada categóricamente por ATE, condena a los empleados públicos a una pérdida incesante de su poder de compra en favor del superávit fiscal que ostenta la gestión nacional.
La disparidad en la asignación de recursos no es casual y responde a un diseño de control social. Mientras el sector docente y nodocente de las universidades nacionales protagoniza paros de 48 horas en todo el país tras perder más de un tercio de su capacidad adquisitiva, la gestión de Milei elige blindar los ingresos de las fuerzas federales.
La decisión de fortalecer el aparato represivo y los mandos militares busca garantizar el brazo ejecutor del orden en las calles ante el inevitable incremento de la conflictividad social provocada por el propio plan económico.
Así, la mentada "austeridad" vuelve a mostrar su verdadera cara: un recorte furioso contra la ciencia, la educación y la salud, financiado con el premio económico para los uniformados encargados de custodiar el modelo.