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Imputaron a empresario que explotaba una mina sin permiso y donde casi muere un obrero
Un obrero resultó gravemente herido en una cantera que operaba sin permisos y estaba suspendida.
POR REDACCIÓN
Un accidente ocurrido en diciembre de 2024 en una cantera de cuarzo en Usno, Valle Fértil, dejó al descubierto graves irregularidades en su operación. La mina, que ya había sido clausurada en 2021 tras la muerte de un trabajador, continuaba en funcionamiento a pesar de estar inhabilitada desde septiembre de 2023. Como consecuencia, la Justicia imputó al empresario Gustavo Omar Ahumada, dueño de la empresa GMI Inversiones Sociedad Anónima que operaba en la cantera, por lesiones culposas e incumplimientos a las normas del Código Minero.
El 27 de diciembre de 2024, el obrero Esteban Calivar sufrió un grave accidente cuando una pila de piedras se derrumbó sobre él, provocándole traumatismo encéfalocraneano y politraumatismos severos. A raíz del incidente, la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, inició una investigación que reveló la ilegalidad en la operación de la cantera "El Jote".
La cantera en cuestión ya había sido escenario de una tragedia en agosto de 2021, cuando el minero Víctor Eugenio Cortez perdió la vida tras una explosión. En ese momento, el juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro ordenó la clausura del sitio. Días después, se levantó la medida, pero con la prohibición de manipular explosivos. A pesar de ello, en una inspección posterior se hallaron 250 kilos de material explosivo en el lugar.
En septiembre de 2023, el Ministerio de Minería suspendió la actividad en "El Jote" debido a la falta de condiciones técnicas, seguridad y conservación. Luego, el 22 de agosto de 2024, la Policía Minera realizó una nueva inspección y determinó que el sitio representaba un riesgo potencial, ordenando nuevamente su cierre. Sin embargo, la actividad continuó ilegalmente hasta el accidente de diciembre.
Tras la inspección realizada un día después del siniestro, las autoridades encontraron 25 detonadores y 20 kilogramos de explosivos ANFO, lo que confirmó que la prohibición de uso de explosivos estaba siendo ignorada. Ante estas evidencias, la fiscalía solicitó la imputación de Gustavo Omar Ahumada, propietario de la empresa GMI Inversiones Sociedad Anónima, por lesiones culposas e infracciones al Código Minero.
El juez de Garantías Eugenio Barbera formalizó la imputación y abrió una investigación penal preparatoria con un plazo de seis meses. Además, ordenó la suspensión definitiva de las actividades en la cantera hasta que la Policía Minera determine lo contrario.