Javier Milei, a un año de su presidencia: ¿Cuáles son los verdaderos efectos de sus reformas económicas?

El 10 de diciembre se cumplirá un año desde que Javier Milei asumió la presidencia, un período marcado por transformaciones profundas en la economía argentina. Un estudio reciente del Centro de Economía Política (CEPA) evalúa los cambios introducidos por el gobierno y sus consecuencias, además de ofrecer una proyección sobre el futuro cercano. De acuerdo con el análisis del CEPA, “en términos generales, el Gobierno aplicó un muy fuerte ajuste ortodoxo para ordenar algunas variables macroeconómicas con un costo social elevado”. La devaluación del tipo de cambio, que alcanzó un 118%, sumada a la desregulación de diversos sectores económicos y al aumento significativo de las tarifas de los servicios públicos, ha tenido un impacto notable en la cotidianidad de los ciudadanos argentinos. Este escenario se traduce en un incremento desmesurado de la inflación, que alcanzó el 25,5% en diciembre, seguido de un 20,6% en enero y un 13,2% en febrero, lo cual repercute de manera negativa en los ingresos reales de la población.

Pese a que "las principales variables macro parecen haber mejorado", hay signos que evidencian debilidad. Las preocupaciones giran en torno a aspectos como el nivel de apreciación del tipo de cambio y su repercusión en los sectores industriales, generando incertidumbre sobre la estabilidad de esta situación. La actividad económica enfrentó una caída marcada al inicio del año, aunque se observó un intento de recuperación a medida que avanzaban los meses. El CEPA señaló que "sufrió una fuerte caída a principios de año que se recuperó parcialmente", pero las consecuencias de la devaluación y el ajuste del gasto público provocaron una contracción significativa. En abril, la actividad alcanzó su punto más bajo, situándose un 4,4% por debajo de la medición de noviembre, mostrando desde entonces fluctuaciones irregulares.

Frente a este panorama, Javier Milei se muestra optimista, afirmando que la recesión ha llegado a su fin y que el país ha comenzado un camino de crecimiento. En sus declaraciones, argumenta que los índices desestacionalizados han mantenido una tendencia al alza en los últimos seis meses. Sin embargo, el tercer trimestre también trajo cifras negativas en comparación interanual, con descensos del 3,1%. Excluyendo el sector agropecuario, que se ha comportado positivamente luego de la sequía, la caída se profundiza hasta un 5,5%.

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Con la vista puesta en 2025, las proyecciones no son particularmente alentadoras. El informe del CEPA advierte que "no se vislumbra una mejora salarial sustancial", y que un eventual aumento en los salarios podría ocasionar un alza de precios en el contexto actual de desregulación. La baja dinámica de los salarios se presenta como un freno para la actividad económica, dado que estos son esenciales para impulsar esta demanda. El informe también subraya que "la heterogeneidad en el desempeño de los sectores profundizará las diferencias entre sectores ganadores y perdedores". Sobre el tema de los aumentos de precios, se indica que "la devaluación inicial fue acompañada de la desregulación de precios de la economía", lo que ha acelerado de manera notable la inflación.

El CEPA ha identificado dos elementos que han contribuido a esta desaceleración. En primer lugar, "la sensible caída del consumo" ha restringido el crecimiento de precios en los bienes de consumo masivo, mientras que el estricto esquema de devaluación mensual controlada propuesto por el gobierno ha tenido un impacto considerable en el mercado cambiario. Finalmente, la disminución de la actividad económica ha incidido en el ámbito laboral, con más de 261 mil puestos de trabajo perdidos en menos de un año. Únicamente el agro, la minería y la pesca han experimentado incrementos en la contratación, mientras que otros sectores, como la construcción y la industria manufacturera, han sufrido pérdidas notables. A medida que se avanza hacia 2025, los retos son numerosos y el panorama se presenta cada vez más complejo si no se adoptan acciones efectivas para mejorar las condiciones laborales y económicas en el país.

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