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La Corte Suprema fijó cómo calcular indemnizaciones en juicios laborales
La Corte Suprema ordenó aplicar la reforma laboral en juicios pendientes y fijó límites para actualizar indemnizaciones.
POR REDACCIÓN
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves 5 de noviembre que los créditos laborales reclamados en juicios pendientes deben actualizarse conforme a los criterios establecidos en la reforma laboral. El fallo aplica el artículo 55 de la Ley 27.802, que establece un sistema de intereses con límites máximos y mínimos para calcular indemnizaciones y otras deudas derivadas de relaciones de trabajo.
La decisión alcanza a los procesos que estaban en trámite y sin sentencia definitiva cuando entró en vigencia la ley, el 6 de marzo de 2026. El mecanismo toma como referencia la tasa pasiva del Banco Central (BCRA), pero fija un techo equivalente a la actualización por inflación más un interés del 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo.
El pronunciamiento fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el expediente “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido”.
La Corte dejó sin efecto decisiones anteriores de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habían dispuesto actualizar los créditos mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un interés adicional. Ahora deberán dictarse nuevos pronunciamientos que contemplen la legislación vigente.
Cómo se calcularán las indemnizaciones laborales
El artículo 55 de la reforma laboral establece tres parámetros para actualizar las deudas reclamadas en juicios laborales.
En primer lugar, dispone la aplicación de intereses moratorios calculados mediante la tasa pasiva que determine el Banco Central para el período correspondiente.
Sin embargo, el resultado no podrá superar el monto que surja de actualizar el capital original según la inflación medida por el Indec, más un interés anual del 3%.
La norma también establece un límite inferior: el importe final no podrá ser menor al 67% del valor obtenido mediante ese cálculo de referencia.
De esta manera, la actualización de los créditos laborales queda sujeta a una fórmula que combina intereses bancarios y variación de precios, dentro de los límites establecidos por la ley.
Qué resolvió la Corte Suprema
El conflicto judicial surgió después de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara inconstitucionales normas que prohibían actualizar determinadas obligaciones por inflación.
Ante esas decisiones, las empresas demandadas presentaron recursos extraordinarios que llegaron a la Corte Suprema.
Al analizar el expediente, el máximo tribunal consideró que debía tenerse en cuenta la legislación sancionada durante el trámite judicial, aunque fuera posterior al inicio del conflicto.
Por ese motivo, dejó sin efecto las resoluciones anteriores y ordenó que se dicten nuevas sentencias conforme a la Ley 27.802.
El fallo no establece una suma concreta para todas las indemnizaciones ni determina cuánto cobrará cada trabajador. Esos importes dependerán de las características de cada expediente y de los cálculos correspondientes.
Qué cambia para trabajadores y empleadores
La resolución tiene relevancia para los trabajadores que mantienen reclamos judiciales por despidos u otras deudas laborales, ya que define qué mecanismo deberá considerarse para actualizar los montos reclamados.
También incide en los empleadores demandados, porque establece parámetros para determinar el valor actualizado de las obligaciones económicas discutidas en esos procesos.
La reforma laboral distingue los juicios que ya estaban en trámite al entrar en vigencia de la ley de los créditos regulados por el régimen general de actualización.
En este último caso, el artículo 54 establece como criterio la variación del IPC más un interés anual del 3%, mientras que el artículo 55 contempla las reglas especiales para los expedientes pendientes.
El Gobierno celebró la decisión judicial
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que destacó la aplicación del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral.
Desde la cartera nacional sostuvieron que la resolución contribuye a brindar previsibilidad sobre los costos indemnizatorios y favorece la seguridad jurídica.
El pronunciamiento se produce en medio del debate sobre los efectos de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores.
La decisión de la Corte constituye un antecedente relevante para la resolución de litigios laborales pendientes, aunque los tribunales deberán analizar las particularidades de cada causa.