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La gestión de Nasisi no denunció a los “insultadores” y buscan una revancha con Berenguer
El polémico caso de supuestos estudiantes que agredieron a un profesor sería una cuenta pendiente para la nueva gestión de la UNSJ.
Por Carolina Putelli
En mayo una clase regular en la Facultad de Ciencias Sociales se convirtió en un escándalo debido a que varios usuarios ingresaron al chat e insultaron a un profesor. El hecho tuvo repercusión mediática y hubo repudio por parte de las autoridades. Pero por solicitud del Departamento de Ciencias Jurídicas la denuncia penal quedaba en manos del gobierno de la UNSJ, en ese momento encabezado por Oscar Nasisi. Esto no sucedió y ahora esperan que lo haga el nuevo rector, Tadeo Berenguer.
En su momento fue Conrado Suárez Jofre, jefe de departamento de Jurídicas, quien dijo a DIARIO HUARPE que habían solicitado que el pedido de investigación a la Justicia lo hagan las máximas autoridades. “Queremos que sea un gesto de lo más alto contra este tipo de actitudes violentas”, aseguró. Pero tras la salida de Nasisi del Rectorado, Suárez Jofré confirmó que no sucedió.
Esto abrió nuevamente una brecha entre las autoridades que salieron y los responsables del departamento. Por eso ahora, adelantó Suárez Jofré, intentarán nuevamente que esto se cumpla y para eso adelantó que se reunirá con Tadeo Berenguer, el nuevo rector, para plantear este pedido.
El departamento, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales, inició una investigación de forma particular. Tras esto presentaron documentos y pruebas para que se inicie la búsqueda de responsables.
Una de las sospechas que tienen es que no fueron estudiantes los que intervinieron de forma violenta en la clase. Tampoco descartan que en lugar de varias personas haya sido una sola la que ingresó a una clase para agredir al profesor de Nociones de Economía Walter Vera.
Es que el aula donde estaban dando clase era abierta al público y no requería de una clave y además si bien eran distintos usuarios nunca estuvieron conectados en simultáneo. Esto hace que las autoridades sospechen de que se trató de “infiltrados” que no necesariamente están relacionados a la universidad. Esto refuerza la intensión de avanzar en un proceso en la Justicia ordinaria de San Juan.