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Ley de Defensa de la Soberanía: Milei busca apoyo en Diputados para avanzar
La Libertad Avanza intentará conseguir un dictamen para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las diferencias con sus aliados complican el avance del proyecto.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Javier Milei buscará avanzar este martes 27 de octubre con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. La iniciativa pretende endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina, pero también introduce modificaciones en materia de seguridad, defensa e inteligencia. Estas últimas disposiciones generan diferencias con los bloques aliados y complican las negociaciones para conseguir un dictamen favorable.
El oficialismo convocó para las 16 a un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Durante el encuentro está prevista la participación de invitados que expondrán sobre los distintos aspectos del proyecto.
Sin embargo, La Libertad Avanza todavía no tiene garantizadas las firmas necesarias para emitir dictamen. Aunque existe un principio de acuerdo sobre el endurecimiento de las sanciones relacionadas con Malvinas, las discrepancias persisten respecto de las facultades que el Ejecutivo busca incorporar en otras áreas del Estado.
La discusión ya había sufrido postergaciones por la falta de consenso con los bloques dialoguistas. En ese contexto, el oficialismo mantiene negociaciones para introducir modificaciones que permitan destrabar el tratamiento parlamentario.
Los puntos que generan diferencias en Diputados
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que sería encabezado por el Presidente y tendría la función de coordinar las políticas de defensa, inteligencia, seguridad y relaciones exteriores.
Los legisladores opositores también plantearon reparos sobre las atribuciones previstas para actuar frente a amenazas consideradas graves, particularmente en situaciones que involucren el derribo de aeronaves o el hundimiento de embarcaciones hostiles.
Otro aspecto que genera controversia es la posibilidad de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones relacionadas con la seguridad interior, un punto que algunos bloques consideran necesario revisar.
Además, el artículo 111 del proyecto contempla sanciones vinculadas con campañas de desinformación y acciones destinadas a alterar procesos electorales o afectar el orden público. Las críticas se concentran en la falta de precisión de algunas conductas contempladas y en sus posibles consecuencias para la libertad de expresión.
Ante estos planteos, el Gobierno aceptó realizar modificaciones para delimitar mejor las actividades que podrían ser sancionadas, especialmente aquellas relacionadas con la difusión de información y las empresas alcanzadas por la normativa.
Qué establece el proyecto sobre las Islas Malvinas
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el endurecimiento de las sanciones contra personas y empresas que participen en actividades de exploración o explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.
La iniciativa busca ampliar las restricciones actualmente vigentes, incorporar nuevas consecuencias penales y crear un registro público de infractores.
En su formulación original, el proyecto también contempla multas económicas vinculadas con el valor del petróleo, inhabilitaciones para desarrollar actividades comerciales y penas de prisión para quienes incumplan determinadas disposiciones.
No obstante, el alcance de la norma es más amplio y comprende mecanismos de coordinación estatal ante amenazas externas, medidas para proteger infraestructuras consideradas críticas y disposiciones relacionadas con la inteligencia y el financiamiento extranjero de actividades políticas.
Por su parte, sectores de la oposición propusieron separar el capítulo referido a Malvinas del resto del proyecto para facilitar su aprobación, aunque el oficialismo intenta mantener una iniciativa integral.
El resultado de las negociaciones será determinante para establecer si La Libertad Avanza consigue las firmas necesarias para avanzar hacia el recinto o si deberá continuar introduciendo modificaciones en el texto. Hasta el momento, el tratamiento permanece abierto y no existe un acuerdo definitivo entre los distintos bloques parlamentarios.