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Política > PROTESTA DE JUBILADOS

Manifestación en el Congreso: la jueza justificó la decisión de liberar a 114 detenidos

La jueza que ordenó la liberación de los aprehendidos para la protesta de los jubilados en el Congreso explicó los fundamentos de su resolución. 

POR REDACCIÓN

14 de marzo de 2025
La manifestación fue el pasado miércoles 12 de marzo. 

La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, justificó su decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes durante la movilización de los jubilados en el Congreso. Según explicó, su actuación se basó en el control de legalidad del procedimiento y en el respeto de los derechos constitucionales y aseguró que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, solo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.

En declaraciones públicas, la magistrada indicó que la revisión del caso se centró en la existencia de pedidos de captura vigentes y en la legalidad de las detenciones. También señaló que las pruebas presentadas por la fiscalía y las fuerzas de seguridad no fueron determinantes para mantener la privación de la libertad de los manifestantes. "No fue una decisión apresurada, sino una determinación basada en el marco legal vigente", aseguró la jueza en un reportaje radial.

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Karina Andrade, la jueza acusada de liberar a 114 detenidos.

Desde distintos sectores del gobierno expresaron su disconformidad con la resolución y anticiparon que evaluarán posibles acciones en el ámbito judicial. Funcionarios manifestaron su preocupación por la rapidez del fallo y cuestionaron la falta de consideración de antecedentes penales en la determinación de la medida. "Es fundamental que se garantice la seguridad y que quienes cometen actos delictivos enfrenten las consecuencias", afirmó un alto funcionario.

Mientras tanto, organismos judiciales continúan con el análisis del expediente y no se descarta la posibilidad de nuevas instancias de revisión. En tanto, sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos respaldaron la decisión, destacando la importancia de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. "El respeto por los derechos fundamentales debe ser prioridad en cualquier actuación judicial", indicaron desde una organización especializada en derechos civiles.

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El caso también desató un debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante la protesta. Algunos testigos denunciaron que se llevaron a cabo detenciones arbitrarias y cuestionaron la falta de pruebas concretas en varios casos. Por otro lado, representantes de las fuerzas argumentaron que la intervención fue necesaria para evitar hechos de violencia y proteger el orden público.

En los próximos días podrían presentarse nuevos recursos judiciales para revisar la decisión de la jueza. Mientras tanto, el tema sigue generando posiciones divididas en la opinión pública y en el ámbito político. La discusión en torno a esta resolución judicial sigue abierta y podría derivar en nuevas presentaciones legales en los próximos días.

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