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Plan Motosierra: El Gobierno eliminó más de 40.000 cargos y ahorra u$s4.548 millones en el sector público
En un proceso de recorte de personal sin precedentes, el Gobierno argentino redujo más de 40.000 puestos en la Administración Pública Nacional, logrando un ahorro significativo de u$s4.548 millones. La medida forma parte de la política de austeridad y eficiencia en el sector público.
POR REDACCIÓN
El Gobierno argentino ha implementado una serie de recortes en el sector público que han resultado en la eliminación de más de 40.000 puestos de trabajo en el lapso de un año, entre diciembre de 2023 y enero de 2025. Esta medida, conocida como el "Plan Motosierra", ha generado un importante ahorro para las arcas del Estado, con un recorte total estimado de u$s4.548 millones, según informó el Ministerio de Desregulación.
De acuerdo con el informe oficial, la reducción de personal en la Administración Pública Nacional (APN) alcanzó una disminución del 8,2% en el número de empleados estatales. Este recorte se traduce en una reducción de 41.142 puestos de trabajo, lo que implica un ajuste significativo en un sector que, hasta hace poco, había experimentado crecimiento en la última década.
En particular, la APN sufrió la eliminación de más de 23.000 cargos, mientras que las empresas estatales también vieron una disminución del personal, con un descenso del 14,4% en sus plantillas. Esta estrategia, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, responde a una política de eficiencia administrativa y reducción del gasto público.
Detalles de la reducción en la Administración Pública Nacional
Los recortes se han manifestado en varias modalidades de contratación dentro de la APN. Según datos del portal Ámbito, hasta fines de enero de 2025, se registró una caída en el personal contratado bajo diferentes modalidades. En concreto, el número de empleados de planta permanente y transitoria se redujo en un 5,4%, mientras que aquellos contratados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17) experimentaron descensos mucho más drásticos, alcanzando el 17,9% y 63%, respectivamente.
Este enfoque de recortes ha tenido un impacto directo en el ahorro proyectado por el Gobierno. En términos de ahorro mensual, se estima que el Estado argentino ahorra aproximadamente u$s349 millones gracias a la reducción del personal. En detalle, los contratos bajo la Ley Marco generaron un ahorro de u$s2.074 millones, los empleados de planta permanente y transitoria contribuyeron con u$s1.708 millones, mientras que la eliminación de contratos LOYS representó una disminución de u$s766 millones.
La estrategia de austeridad se profundiza
El Gobierno ha destacado que estos recortes forman parte de su compromiso con la reducción del gasto público y la búsqueda de una administración más eficiente. Además, se anticipó que la estrategia continuará en el futuro cercano, con una profundización de los recortes de personal y la eliminación de áreas que no desempeñan una función esencial dentro del aparato estatal.
La medida se enmarca dentro de un esfuerzo por mejorar la sostenibilidad fiscal del país, reducir el déficit y cumplir con las promesas de austeridad realizadas por las autoridades. Con el "Plan Motosierra", el Gobierno reafirma su intención de transformar la estructura del Estado en busca de una mayor eficiencia y racionalización de los recursos públicos.
¿Qué significa para el futuro del empleo público?
Si bien el Plan Motosierra ha sido anunciado como una medida de optimización, su impacto en el empleo público podría generar incertidumbre entre los trabajadores estatales. Los sindicatos y algunas organizaciones sociales ya han expresado su preocupación por los despidos masivos, que podrían afectar la calidad de los servicios públicos y el bienestar de los empleados.
No obstante, el Ejecutivo insiste en que la reestructuración es una respuesta necesaria a la crisis fiscal y un paso hacia una gestión más eficiente del Estado. De esta manera, el Gobierno parece determinado a seguir adelante con sus planes de ajuste, con el objetivo de garantizar un futuro económico más estable y controlado.
El recorte de más de 40.000 empleos en la Administración Pública Nacional marca un giro significativo en la política laboral y económica del país, lo que podría tener repercusiones tanto a corto como a largo plazo.