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El gobernador de San Luis solicitó la renuncia de todos sus ministros y anunció una nueva ley para reducir cargos políticos y reorganizar el Estado provincial.
El Ejecutivo prevé nuevas bajas en la planta estatal en los próximos días. El objetivo es reducir hasta un 10% del total de empleados durante este año.
La gestión de Javier Milei avanza con una nueva etapa de reducción del empleo público, con programas de retiro voluntario en organismos clave y metas de recorte en miles de puestos.
En la Legislatura ingresó el pedido de cinco cargos de magistrados y la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, y el fiscal general, Guillermo Baigorrí, fundamentaron esa solicitud en el reclamo de mejor justicia de la sociedad.
El presidente Javier Milei prorrogó la suspensión de nuevas contrataciones en el Estado nacional, pero el decreto contempla una serie de excepciones que atenúan el alcance del ajuste y marcan los límites de la “motosierra”.
El ajuste impactó en jubilaciones, obra pública, programas sociales y salarios estatales, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
La Jefatura de Gabinete confirmó que quedarán sin efecto las asignaciones de vehículos oficiales y choferes otorgadas a funcionarios y personal del área, en el marco de una política de austeridad y reordenamiento del gasto público.
Tras reducir más de 53.000 empleos desde el inicio de la gestión, el Gobierno avanza con una nueva etapa de ajuste que impactará en organismos descentralizados y empresas públicas.
La Casa Rosada evalúa una nueva reducción de personal en organismos, empresas y dependencias. Los despidos comenzarían cuando venzan contratos y se eliminarían áreas duplicadas.
