Por la reducción de frecuencias de colectivos, analizan multar por unidades o recorridos

El Gobierno de San Juan avanza con el procedimiento administrativo iniciado contra las empresas de colectivos que redujeron sus frecuencias luego del receso invernal. La medida generó demoras para los usuarios y abrió un conflicto entre las prestadoras, la UTA y la Provincia por el funcionamiento del sistema RedTulum.

“En ese momento se realizaron las actas correspondientes y se solicitaron los informes. Primero fueron algunas empresas las que habían reducido las frecuencias, pero cuando llegaron los informes comprobamos que casi todas habían realizado alguna reducción, aunque no todas en el mismo nivel”, explicó la ministra de Gobierno, Laura Palma, a DIARIO HUARPE.

“Existe la posibilidad de establecer una multa por cada una de las unidades que se retiraron de la calle o por cada una de las vueltas que no se realizaron”, señaló la ministra.

El impacto económico, según explicó Palma, no sería necesariamente igual para todas las empresas. La diferencia dependerá de la cantidad de colectivos afectados y de los recorridos que tenga cada prestadora.

“En algunos casos, unas empresas se van a ver más afectadas que otras, porque también hay empresas que tienen muchos más colectivos colocados, de acuerdo con la cantidad de recorridos que tienen”, sostuvo.

El conflicto por las frecuencias

La discusión se originó por una reducción cercana al 30% en las frecuencias del transporte público. La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron el recorte, que llevó a las empresas a operar con diagramas similares a los utilizados durante los recesos o vacaciones de invierno.

La modificación generó mayores tiempos de espera para los pasajeros. En algunos recorridos, los usuarios pasaron de esperar alrededor de 10 minutos a más de 20 entre una unidad y otra.

Desde ATAP, las empresas argumentaron que la medida respondió a la necesidad de sostener económicamente el servicio y reducir el consumo de combustible. También señalaron diferencias con el Gobierno provincial por supuestas deudas relacionadas con compensaciones y subsidios correspondientes al boleto escolar y docente.

La Secretaría de Tránsito y Transporte negó que existan deudas pendientes y aseguró que los pagos se encuentran al día. A partir de inspecciones y controles realizados sobre las calles, la Provincia inició actuaciones contra las empresas que no cumplieron con los diagramas contractuales.

Desde la UTA, en tanto, aclararon que la reducción de frecuencias fue una decisión exclusivamente empresarial. El gremio también manifestó preocupación por las condiciones de trabajo de los choferes, ya que las demoras acumuladas en los recorridos pueden afectar los tiempos de descanso entre una vuelta y otra.

Cómo continúa el procedimiento

Palma confirmó que todavía resta completar distintas instancias administrativas antes de establecer los montos definitivos de las multas. “Se les corre traslado a las empresas para asegurar su derecho de defensa y, posteriormente, se envía el expediente a Asesoría Letrada para que determine el procedimiento correspondiente”, indicó.

De esta manera, el Gobierno deberá definir finalmente qué criterio utilizará para establecer las sanciones: las unidades retiradas de circulación, las vueltas incumplidas o una combinación de ambos factores.

Qué pasa con las tarifas

Consultada por la posibilidad de nuevos aumentos en las tarifas de colectivos hacia fin de año, Palma descartó por el momento que exista una definición. “No se está tratando por el momento”, afirmó la ministra, aunque vinculó cualquier discusión futura con la situación salarial del sector.

“Sabemos que hay un proceso de conciliación obligatoria abierto a nivel nacional por un pedido de aumento salarial. Siempre hemos manifestado que los incrementos de salarios terminan afectando la estructura de costos”, explicó.

Palma señaló que el resultado de esa negociación será determinante para evaluar el escenario del transporte público en los próximos meses. “Hay un proceso de conciliación obligatoria que está a la espera de ser resuelto y de alcanzar un acuerdo salarial, que después tendrá repercusión en el resto del país”, concluyó.