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Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron $1.000 millones
El juez federal Lino Mirabelli procesó al exdiputado por presunto lavado de activos. La investigación gira alrededor de US$200.000 vinculados a Fred Machado.
POR REDACCIÓN
La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves 22 de octubre al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos, en el marco de una investigación vinculada al empresario Federico "Fred" Machado. La resolución, firmada por el juez Lino Mirabelli, también dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y le prohibió salir del país mientras avanza la causa.
La decisión judicial se relaciona con una transferencia de US$200.000 que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria de Estados Unidos. Los investigadores buscan determinar si ese dinero provenía de actividades ilícitas y si posteriormente fue incorporado al circuito financiero mediante operaciones destinadas a darle apariencia legal.
El procesamiento fue dictado por el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro y también alcanzó a otras personas vinculadas al entorno económico del exlegislador. Sin embargo, la resolución no constituye una condena definitiva y podrá ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín.
La transferencia de US$200.000 que investiga la Justicia
Uno de los principales elementos del expediente es una operación realizada el 22 de enero de 2020, cuando Espert recibió US$200.000 en una cuenta del banco Morgan Stanley. Según la investigación, los fondos fueron enviados desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado.
El empresario argentino fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros y presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico, situación que motivó el análisis de sus vínculos económicos y comerciales.
Ante la Justicia, Espert sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento profesional para Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala relacionada con Machado.
No obstante, la fiscalía puso bajo investigación la existencia de una contraprestación real por ese supuesto servicio. En julio, el exdiputado presentó documentación y correos electrónicos que, según su defensa, respaldarían la contratación, además de solicitar su sobreseimiento.
Los investigadores también analizan el destino posterior de los fondos, incluidos movimientos patrimoniales relacionados con vehículos y un emprendimiento inmobiliario.
También procesaron al contador de Espert
La resolución judicial no se limitó al exdiputado. El juez Mirabelli también procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos.
En su caso, dispuso un embargo de $700 millones. Además, la medida alcanzó a la sociedad familiar Varianza SA, sobre la cual se estableció un embargo de $500 millones.
De esta manera, el expediente amplió las medidas patrimoniales sobre las personas y la sociedad investigadas por las operaciones económicas relacionadas con los fondos.
La Justicia rechazó los planteos de la defensa
El procesamiento se conoció después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara una serie de planteos presentados por los abogados de Espert para cuestionar distintas pruebas incorporadas a la investigación.
En una resolución del 15 de octubre, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones desestimaron los pedidos de nulidad relacionados con declaraciones testimoniales, requerimientos de información patrimonial y análisis de dispositivos electrónicos.
Los magistrados consideraron que la defensa no había demostrado irregularidades que justificaran invalidar esas actuaciones ni perjuicios concretos para las garantías constitucionales del exdiputado.
Con ese antecedente, el juez Mirabelli avanzó con el procesamiento por presunto lavado de activos. Ahora, la investigación continuará para determinar el origen del dinero, las operaciones realizadas y las eventuales responsabilidades penales.
Mientras tanto, Espert permanecerá sujeto a las restricciones establecidas por la Justicia, incluida la prohibición de abandonar Argentina y el embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.