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Repudio indígena a las declaraciones de la directora de Tierras del INAI
El Consejo de Participación Indígena (CPI) emitió un comunicado repudiando las declaraciones de Sonia Ochoa, directora de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En un comunicado oficial, este martes, la Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena (CPI) expresó su “enérgico repudio” a las afirmaciones de Sonia Ochoa, directora de Tierras del INAI, durante una jornada sobre derecho indígena en Catamarca.
"Sus comentarios, publicados en un sitio web patrocinado y dedicado a la minería, son perjudiciales para los pueblos indígenas y reflejan una ideología adversa a nuestros derechos, tal como están contemplados en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales a los que Argentina adhiere", manifestó el CPI.
Ochoa afirmó que las consultas libres, previas e informadas realizadas a las comunidades indígenas, aunque son un "paso fundamental", no poseen carácter vinculante y no pueden, por sí solas, detener el avance de proyectos mineros.
Desde el CPI sostienen que estas palabras desestiman el mandato constitucional que establece la participación activa de los pueblos indígenas en la gestión de sus territorios y recursos naturales, una garantía respaldada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y jurisprudencias como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Un derecho de consulta vinculante y no negociable
El CPI subrayó que las palabras de Ochoa ignoran el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. “El derecho a la consulta no es un mero instrumento sin efectos vinculantes, como plantea la funcionaria del Estado Nacional. Al contrario, el proceso se desarrolla precisamente para obtener el consentimiento de las comunidades, y este consentimiento debe ser vinculante en todos los casos”, advirtieron en el comunicado.
La organización indígena señaló que, al delegar todas las prerrogativas en las provincias y reducir el rol del INAI a un mero "consultor", la institución ha perdido el carácter de defensor de los derechos indígenas, facilitando así los intereses de sectores extractivos en detrimento de las comunidades originarias.
Como respaldo de su postura, el CPI recordó el caso de Lhaka Honhat, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino por no cumplir con los procedimientos de consulta y participación indígena. En dicha sentencia, la Corte instó a Argentina a garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad comunitaria indígena y a asegurar la participación de las comunidades en decisiones sobre sus territorios. Este antecedente se ha convertido en una referencia clave para los pueblos indígenas del país, quienes insisten en que cualquier consulta debe ser vinculante y que la negativa de una comunidad debe ser respetada.
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Igualdad ante la ley y respeto a la diferencia cultural
El CPI también cuestionó el enfoque de Ochoa sobre el principio de igualdad ante la ley, señalando que este principio no se basa en homogeneizar las culturas, sino en reconocer sus diferencias y derechos específicos.
"Los pueblos indígenas tenemos derechos específicos debido a nuestras culturas distintas. Tratarnos como una mera parte de la 'cultura occidental' distorsiona y simplifica la complejidad de nuestras realidades y necesidades", señalaron.
En este sentido, el CPI considera que las afirmaciones de Ochoa desconocen el derecho a la diversidad cultural y subestiman las necesidades de reconocimiento y respeto por los derechos específicos de los pueblos indígenas. La organización sostiene que este enfoque muestra un retroceso en la construcción de un Estado intercultural y plurinacional, fundamental para proteger la identidad y los derechos de las comunidades originarias.
Denuncia de intereses privados en la gestión del INAI
El comunicado también destacó que, en la actual gestión, el INAI parece estar favoreciendo intereses privados y la explotación indiscriminada de los territorios indígenas.
“La marcada intención de la gestión del INAI de priorizar intereses privados es evidente en sus decisiones”, señaló el CPI.
Este desinterés por los derechos indígenas quedó en evidencia, según la organización, en el reciente voto negativo de Argentina en la ONU sobre un documento que promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios.
Desde el CPI consideran que este enfoque del INAI pone en riesgo los territorios indígenas y favorece la entrada de proyectos extractivos que atentan contra el medio ambiente y las formas de vida de las comunidades. "No permitiremos que nuestros territorios sean entregados al mejor postor, alimentando los intereses de empresas que solo traen miseria y dolor a nuestros territorios y a nuestra Madre Tierra", aseveró la Mesa Nacional del CPI.
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Pedido de rectificación y medidas legales
La Mesa Nacional del CPI solicitó a Sonia Ochoa que rectifique sus declaraciones y reafirmó su compromiso de emprender acciones legales en caso de incumplimiento de sus funciones.
“No resignaremos ni un solo derecho conseguido con la lucha, la sangre y el cuerpo de nuestros hermanos y hermanas por el derecho a la tierra y a nuestros territorios. No vamos a permitir el avasallamiento, las amenazas ni la inutilidad de funcionarios cipayos”, indicaron en el comunicado.
Para el CPI, las palabras de Ochoa representan una "distorsión de la realidad" y una falta de respeto hacia el rol que debe cumplir el INAI en la defensa de los derechos indígenas.
"Solicitamos la rectificación de este tipo de capacitaciones que tergiversan la realidad e iniciaremos las acciones legales correspondientes por incumplimiento de funciones como funcionaria pública", concluyó el CPI.
Con este comunicado, el Consejo de Participación Indígena pone en evidencia las crecientes tensiones entre las políticas actuales del INAI y los derechos indígenas, al mismo tiempo que reafirma la necesidad de una revisión profunda en el rol que el Estado debe asumir para garantizar y respetar los derechos consagrados de las comunidades originarias.