Sturzenegger impulsa una reforma para desregular farmacias, transporte y salud

El Gobierno nacional prepara una nueva etapa de su plan de desregulación económica con un proyecto de ley que propone modificar o derogar decenas de normas para reducir la intervención del Estado en distintas actividades productivas y comerciales.

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, abarca cambios en sectores como farmacias, transporte marítimo, mercados financieros, agro, cultura y corretaje.

Uno de los capítulos más importantes apunta a la Ley de Farmacias. El proyecto habilita la venta digital de medicamentos bajo receta, autoriza el envío a domicilio, permite comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y promueve la digitalización de recetas y registros. Además, flexibiliza las condiciones para la constitución de estos comercios.

En materia de transporte marítimo, el texto plantea una reforma del régimen de cabotaje para permitir que embarcaciones extranjeras puedan operar en rutas nacionales bajo determinadas condiciones. También contempla una reducción de costos para la importación de barcos y una mayor digitalización de los trámites del sector.

Otro de los ejes del proyecto es el sistema financiero. La propuesta incorpora el reconocimiento legal de contratos inteligentes, tecnología blockchain y activos digitales para operaciones vinculadas con garantías, fideicomisos y el mercado de capitales. Además, amplía el uso de herramientas electrónicas para emitir y negociar instrumentos financieros.

La iniciativa también introduce cambios en la actividad agropecuaria y cultural. Entre otras medidas, propone eliminar aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), derogar normas sobre arrendamientos rurales y modificar la legislación vitivinícola. En el plano cultural, impulsa la eliminación de la Ley de Precio Uniforme del Libro y de regulaciones vinculadas con la industria del doblaje.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es simplificar regulaciones, favorecer la competencia, incorporar nuevas tecnologías y reducir costos para las actividades económicas. Si avanza en el Congreso, el proyecto se convertirá en una de las reformas de desregulación más amplias impulsadas por la administración de Javier Milei.