Tensión entre manifestantes y la Policía por una marcha frente al Congreso

Una manifestación encabezada por jubilados, con el respaldo de partidos de izquierda, se volvió caótica este martes frente al Congreso de la Nación. Los disturbios se produjeron cuando la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con otras fuerzas de seguridad, intentó redirigir la marcha para evitar que bloquease el tráfico, en cumplimiento del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich.

La protesta fue convocada para rechazar la intención del gobierno de Javier Milei de vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria recién aprobada por el Congreso. La ley, sancionada hace una semana por la Cámara de Senadores, busca mejorar los ingresos de los jubilados, afectados por la alta inflación.

Desde que la ley fue sancionada, tanto el presidente Milei como otros miembros del Poder Ejecutivo han anunciado su intención de vetarla en su totalidad, y recientemente se ha filtrado que el gobierno está trabajando en ese sentido.

Cientos de jubilados se congregaron en el Congreso y marcharon hacia Plaza de Mayo, con el objetivo de finalizar su protesta frente a la Casa Rosada. Durante la marcha, se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en la calle Rivadavia, uno de los accesos laterales al Congreso. Aunque no se reportaron detenciones ni heridos, la tensión y el descontento de los jubilados se hicieron evidentes.

Nora Biaggio, del plenario de trabajadores jubilados, declaró durante la protesta: “Estamos aquí en lucha con organizaciones de jubilados, sindicatos, movimientos piqueteros, asambleas barriales y estudiantiles para rechazar el veto que Milei quiere imponer a la ley de movilidad jubilatoria. Aunque el aumento es pequeño, es crucial para los jubilados, que no pueden seguir viviendo con un haber de 225 mil pesos”.

El Gobierno argumenta que la ley compromete el equilibrio fiscal necesario para controlar la inflación, una prioridad de la administración de Milei. El presidente calificó la ley de “estafa moral” y advirtió que el aumento en los haberes implicaría una carga financiera significativa a largo plazo, con un impacto negativo en la deuda pública.

Luis Caputo, ministro de Economía, también criticó la ley, afirmando que las erogaciones adicionales se oponen a las políticas macroeconómicas del gobierno, que han contribuido a la desaceleración de la inflación en los últimos meses.

La ley aprobada establece una actualización mensual de las jubilaciones basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una compensación adicional del 8,1% para ajustar el monto a la inflación. Esta medida busca garantizar que el haber mínimo cubra la canasta básica del adulto.