Problemas psicológicos, presunto encubrimiento y el error del criminal de la maza

La Justicia junto con la Policía de San Juan allanaron este miércoles 8 el domicilio de quien sería el autor del ataque a mazazos contra Hebe Yolanda Leguiza, de 71 años, y quien falleciera a las horas a causa de las heridas. En el procedimiento detuvieron a un menor de edad, de tan solo 15 años. En este marco, los investigadores podrían haber encontrado las razones o consecuencias por las cuales el joven tomó la determinación de cometer el crimen. Problemas psicológicos, presunto encubrimiento y el error del criminal de la maza que llevó a su detención.

El procedimiento judicial, comandado por el fiscal coordinador Iván Grassi de la UFI Delitos Especiales, junto a personal de la ex sección Homicidios de la Policía de San Juan, se produjo cerca del mediodía de este miércoles en una casa en Santa Lucía. Allí detuvieron al joven de 15 años quien tras el seguimiento de su recorrido a través de las cámaras de seguridad, luego de cometer el crimen, dejó pistas que condujeron a los investigadores hasta su domicilio.

Tras el ataque a Leguiza, el agresor huyó hacia el este por calle 25 de Mayo. Mientras se alejaba de la zona del crimen, el adolescente llamó a su padre, al parecer, para contarle lo que había hecho. Se dirigió por calle Caseros al sur hasta avenida Libertador San Martín y de allí al este hasta calle Aberastain. Desde ese punto se dirigió al sur hasta calle Laprida y nuevamente fue al este hasta Tucumán. Por esa arteria fue caminando hasta calle Santa Fe, donde las cámaras de seguridad lo perdieron de vista.

Lo que surgió en el allanamiento y el error que llevó a su detención

Hubo una llamada telefónica que fue determinante para los investigadores. El joven, aparentemente, habría llamado a su padre o a alguien para que lo pasen a buscar por avenida Rioja y Santa Fe, una cuadra más al este de donde las cámaras lo perdieron de vista.

Esa llamada, que fue el error que cometió el agresor y llevó a su detención, permitió establecer la identidad del joven y llegar hasta su dirección en Santa Lucía. Munidos con esta información, los efectivos policiales junto con el fiscal del caso, se dirigieron hasta el domicilio. Al llegar al lugar, personal policial rodeó la casa y por el fondo vieron al sospechoso del crimen junto a su mamá y a un abogado, mientras que por la entrada principal fue el padre del menor quien atendió al fiscal Grassi, quien lo puso en conocimiento del procedimiento que estaban llevando a cabo y las razones. El padre del joven, de quien no se puede dar a conocer su identidad porque el principal acusado es menor de edad, sería alguien vinculado a la Justicia de San Juan, y la madre del menor trabajaría en la Anses.

El procedimiento se llevó a cabo con normalidad, pero se desprendieron algunas situaciones que abultaron las fojas de la causa. Entre ellas que el padre habría tenido conocimiento del hecho minutos después de haber sido cometido el mismo y eso podría ser confirmado por las pericias en sus teléfonos celulares. De ser así, no hizo nada en el momento para colaborar con la Justicia.

Otra situación fue que mientras se realizaba el allanamiento en busca de la ropa con la que estaba vestido el joven cuando cometió el hecho, la misma no estaba en la casa, ya que esta se la habría llevado el abogado de la familia que también estaba en el lugar. Esto, según dijeron a este medio, podría considerarse como un claro acto de encubrimiento, pese a que luego habría dicho que la iba a ir a buscar.

¿Problemas psicológicos, adicciones o estrategia legal?

En la entrevista a los padres del menor se habría desprendido que el joven tendría problemas psicológicos y hasta con una derivación a un psiquiatra, situación que la fiscalía buscará confirmar con recetas y prescripciones médicas, si es que hubiera, porque si no podría tratarse de una estrategia legal para sumar una condición más a la situación de inimputabilidad del presunto asesino por el solo hecho de ser un menor de 15 años.

Esta situación deja a los progenitores, que están separados, en una condición de responsabilidad o de irresponsabilidad por no haber tratado tiempo o haber puesto más atención en la salud mental de su hijo, si es que se confirma que no lo hicieron. Por eso será determinante que demuestren que estaban tratando la salud mental de su hijo, de lo contrario caerían en una irresponsabilidad que devino en un hecho tan dramático como brutal, como el que sufrió la mujer que perdió su vida tras recibir cuatro mazazos en su cabeza cuando esta volvía su casa.

Los progenitores habrían dicho también a los fiscales que pensaban entregar a su hijo en horas de la tarde de este miércoles, pero la Justicia fue más rápida que su intención de entregar al joven. También se conoció que el muchacho no habría estado yendo a la escuela desde hace unas dos semanas e investigaban si era por una suspensión o expulsión que sufrió de la institución educativa a la que asistía.

Otro dato a tener en cuenta, es un posible tratamiento del menor a las adicciones, por el cual habría estado siendo tratado y sus padres acompañando ese proceso.

Tras la detención e identificación del presunto asesino, el titular del Primer Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorge Toro, abordó el caso y decidió enviar al menor al Servicio de Psiquiatría de uno de los hospitales públicos de la provincia y con custodia policial.

Por todo lo conocido, quedó prácticamente confirmado que el acusado no conocía a su víctima y su ataque fue al azar, lo que implica que cualquiera podría haber sido la persona en sufrir la golpiza mortal.