Chubut no entregaría petróleo ni gas por la coparticipación

“Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, detalló un documento divulgado por el   gobernador chubutense Ignacio Torres, bajo el título “Las provincias unidas del sur” . El comunicado fue publicado en la red social.

El pronunciamiento está suscripto además por los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck).

“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina”, agregó la misiva.

De este modo, y con el aval de sus pares de la región, Torres endureció su pelea con el Gobierno nacional en el marco de la interrupción del envío de las transferencias discrecionales por parte de la Nación a las administraciones provinciales y el enfrentamiento político agudizado desde el fallido tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso.

“Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses”, expresaron los gobernadores patagónicos.

La carta afirma que Chubut “está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual”.

“No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo. También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron”, agregó.

También destacaron que la Justicia Federal, a instancias de una acción promovida por Chubut, decretó la ilegalidad de ese recorte: “No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA. Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos”.