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Trabajo aguarda un informe de Educación para definir si multa o no a gremios
Franco Marchese, subsecretario de Trabajo, dijo que primero deberán verificar el cumplimiento del 75% de prestación mínima antes de aplicar sanciones.
Por Marcos Ponce
El Gobierno de San Juan todavía no define si aplicará o no multas a los gremios docentes que adhirieron al paro nacional de este lunes. Antes de avanzar con las sanciones previstas en la Ley Nacional de Modernización Laboral, la Subsecretaría de Trabajo espera un informe oficial del Ministerio de Educación que confirme si efectivamente se incumplió con el 75% de prestación mínima del servicio.
Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quien explicó que recién cuando ese proceso concluya podrá determinarse si corresponde avanzar con el procedimiento sancionatorio.
"Educación y Nación salieron a controlar las escuelas. Luego de eso me tienen que informar si se cumplió con el 75%", explicó el funcionario.
Marchese aclaró que, "el informe se puede demorar unos días porque Educación debe recabar la información fehaciente de que no se cumplió con el mínimo del 75% de aulas abiertas. Si no se alcanza ese porcentaje, debe corroborarse que todos hayan faltado por adherir al paro y no por enfermedad o alguna situación parecida", precisó.
Cómo se calcularán las multas
Una vez recibido el informe, la Subsecretaría de Trabajo evaluará si corresponde aplicar las sanciones previstas en la normativa. "Las sanciones van contra el gremio y luego el empleador (en este caso el Gobierno) decidirá si se les descuenta o no" a los trabajadores, indicó.
El funcionario también explicó cómo se determinará el monto de cada multa. "Las sanciones se calculan con una fórmula que surge de la cantidad de docentes involucrados, multiplicada por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y eso nos da el total de la multa a los gremios", detalló.
La situación se da luego del paro nacional convocado por Ctera, al que en San Juan adhirieron UDAP y AMET, mientras que UDA no comunicó formalmente su adhesión. El conflicto volvió a poner a prueba la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, que declara a la educación un servicio esencial y obliga a garantizar una prestación mínima del 75% durante las medidas de fuerza.
En marzo, tras la primera intimación basada en esa normativa, UDAP levantó un paro de 48 horas. Cinco meses después, el escenario es diferente: el gremio rechazó la competencia de la Subsecretaría de Trabajo, sostuvo la medida de fuerza y anticipó que recurrirá a la Justicia. Ahora, el informe que elabore el Ministerio de Educación será determinante. Si confirma que no se garantizó el 75% de prestación mínima y que las ausencias respondieron efectivamente a la adhesión al paro, la Subsecretaría quedará en condiciones de aplicar las primeras multas previstas por la nueva legislación.