Denuncian penalmente al gobernador de Córdoba por la ley RIGI

La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) este miércoles 20 de noviembre confirmó a DIARIO HUARPE que presentó una denuncia penal contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y varios funcionarios y legisladores provinciales, tras la aprobación de la ley 10.997 que adhiere al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) nacional. La denuncia, que fue interpuesta en la Justicia provincial, pone en cuestión tanto la legalidad del proceso como el impacto ambiental de esta normativa, que podría agravar la ya delicada situación ecológica.

La presentación fue realizada por un amplio grupo de referentes sociales y ambientales, entre los que se incluyen al biólogo y Premio Nobel Alternativo, Raúl Montenegro; al abogado Juan Carlos Smith, y a varios expertos en diversas disciplinas como geografía, contabilidad y derecho. La denuncia recayó en la Fiscalía en lo Penal y Económico de Segunda Nominación, a cargo del Fiscal Franco Mondino.

La polémica sobre la ley que promueve grandes inversiones

El Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) fue originalmente aprobado a nivel nacional como parte de la Ley Bases 27.742. Este régimen otorga beneficios fiscales y exenciones a las inversiones superiores a 200 millones de dólares. Aunque su propósito era fomentar el ingreso de capitales extranjeros, su aplicación ha sido ampliamente cuestionada, ya que favorece principalmente a grandes corporaciones, lo que ha generado serias preocupaciones sobre su impacto ambiental.

Montenegro, quien también es presidente de Funam, señaló que la ley 10.997 de adhesión al RIGI "fue aprobada a espaldas de la normativa vigente" y otorga facultades discrecionales al gobernador Llaryora, lo que pone en riesgo el patrimonio natural de la provincia. Según Montenegro, el RIGI podría agravar aún más la ya crítica situación ambiental de Córdoba, donde las cuencas hídricas se encuentran en grave estado y los ecosistemas naturales están al borde del colapso. "El RIGI local actuaría sobre un territorio ambientalmente destrozado", aseguró el experto.

Violaciones legales y constitucionales en el proceso de aprobación

El abogado Juan Carlos Smith, otro de los principales impulsores de la denuncia, detalló las violaciones legales que, según él, se cometieron durante el proceso legislativo. Smith indicó que la aprobación de la ley 10.997 fue realizada de manera apresurada y sin cumplir con los procedimientos establecidos en el reglamento de la Legislatura de Córdoba. Específicamente, cuestionó que el proyecto fuera tratado sobre tablas sin la aprobación de los dos tercios de los legisladores habilitados para votar, como lo exige la Constitución provincial.

Además, el abogado resaltó que la ley no cumplió con los requisitos de doble lectura y la obligación de realizar una audiencia pública, como lo establece la ley 9003, para la modificación de leyes tributarias e impositivas. Smith argumentó que, al no seguir estos procedimientos, la ley se volvió “ilegal y arbitraria”.

Impacto ambiental en una provincia en crisis

Córdoba enfrenta graves problemas ambientales, muchos de los cuales podrían verse agudizados por la ley RIGI provincial. Según los expertos que han presentado sus informes en la denuncia, la provincia ya sufre de cabeceras de cuenca alteradas, lagos en avanzado estado de eutroficación, el avance de los agronegocios sobre zonas de bosques nativos, y una creciente contaminación por residuos industriales. El uso descontrolado de plaguicidas y la proliferación de incendios forestales, entre otros factores, han colocado a Córdoba entre las provincias peor administradas en términos ambientales en Argentina.

Desde el campus de la Universidad de Córdoba, que forma parte del Right Livelihood College, los académicos advirtieron que la ley RIGI solo servirá para profundizar la crisis. Señalaron que, con una gestión ambiental incapaz de enfrentar los problemas actuales, el ingreso de nuevas inversiones de alto impacto, como las promovidas por el RIGI, podría ser “el golpe de gracia” para los ecosistemas ya en peligro.

Violaciones de convenios internacionales

Además de las irregularidades legales y constitucionales, la denuncia apunta a que la aprobación de la ley RIGI provincial violó convenios internacionales. En particular, se señala que el gobierno provincial no cumplió con la obligación de consultar a las comunidades indígenas de Córdoba, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio establece que las comunidades indígenas deben ser consultadas antes de aprobar proyectos que afecten sus territorios.

Asimismo, la denuncia menciona la violación del Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a garantizar el acceso a la información y la participación pública en decisiones ambientales. Montenegro enfatizó que el gobierno provincial, al ignorar estos instrumentos internacionales, demostró una “impunidad total” y un desprecio por los derechos de los pueblos originarios.

La necesidad de una respuesta judicial

En los próximos días, se espera que se presenten nuevas intervenciones legales bajo la figura del Amicus Curiae (amigos del tribunal), que reforzarán los argumentos de la denuncia. Los denunciantes confían en que la Justicia provincial investigue a fondo las irregularidades del proceso legislativo y evalúe las implicaciones del RIGI sobre la situación ambiental de Córdoba.

Raúl Montenegro concluyó que la gestión de Martín Llaryora no solo ha violado leyes nacionales y provinciales, sino que también ha demostrado una total falta de consideración por el bienestar ambiental de los cordobeses.

“El gobernador debería haber respetado la legislación vigente, en lugar de ceder a las presiones de las grandes corporaciones y las iniciativas cuestionables del gobierno nacional”, sentenció.

Un futuro incierto

La denuncia presentada ante la Justicia cordobesa abre un importante debate nacional sobre el modelo de desarrollo que se está promoviendo en Argentina. Es que, mientras las provincias enfrentan crisis ambientales cada vez más grave, el RIGI podría convertirse en un factor decisivo que agrave la situación. Con una justicia pendiente de tomar decisiones y una ciudadanía cada vez más movilizada, el futuro ambiental del país sigue siendo incierto.