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La Justicia de EEUU confirmó la condena por Aerolíneas Argentinas y el Gobierno analiza apelar

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos ratificó la sentencia contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Las alternativas que analiza el Gobierno tras el fallo por Aerolíneas: revisión en Cámara, Corte Suprema y suspensión de ejecución. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

El Gobierno nacional analiza distintas alternativas judiciales luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara la condena contra la Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La sentencia reconoce un crédito superior a los US$390,9 millones, más los intereses que continúan acumulándose.

Tras el fallo, la Procuración del Tesoro quedó a cargo de definir la estrategia legal. Entre las opciones que evalúa el Ejecutivo figuran solicitar una revisión ante la misma Cámara de Apelaciones, pedir que el expediente sea analizado por un tribunal ampliado de ese mismo fuero o presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En paralelo, también estudia solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelven esos planteos.

La intención oficial es impedir que el demandante pueda avanzar rápidamente sobre activos argentinos en territorio estadounidense. Desde el Gobierno aseguran que ninguna alternativa fue descartada y que el objetivo es ganar tiempo para reducir el impacto financiero y judicial del fallo.

La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, empresa que adquirió los derechos económicos derivados del arbitraje iniciado por sociedades españolas del Grupo Marsans. La Justicia estadounidense fijó el monto de la condena en US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, cifra que continúa incrementándose con intereses posteriores a la sentencia.

El conflicto se originó en 2009, cuando Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A., compañías pertenecientes al Grupo Marsans, iniciaron un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de sus acciones en Aerolíneas Argentinas y Austral, dispuesta por la Ley 26.466 en 2008.

En 2017, el tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina a pagar cerca de US$321 millones, además de intereses y costas. El Estado intentó anular el laudo, pero en 2019 un comité ad hoc rechazó ese planteo y dejó firme la condena.

Posteriormente, Titan inició en 2021 el proceso para lograr el reconocimiento y ejecución del laudo en Estados Unidos. En 2024, un tribunal de primera instancia rechazó el argumento argentino de que el reclamo había prescripto a los tres años y determinó que correspondía aplicar un plazo de doce años. La Cámara de Apelaciones confirmó ahora ese criterio, dejando firme la posibilidad de ejecutar la sentencia.

En la Casa Rosada remarcan que la condena no recae sobre Aerolíneas Argentinas como empresa, sino exclusivamente sobre el Estado nacional, al considerar que deriva de la decisión de expropiar la compañía durante el gobierno kirchnerista. Además, sostienen que el caso integra el conjunto de litigios internacionales heredados por la actual administración.

El Ejecutivo también sigue de cerca el posible impacto del fallo sobre otros arbitrajes internacionales pendientes, entre ellos el reclamo de la constructora italiana Webuild por el congelamiento de tarifas del puente Rosario-Victoria. En el Gobierno consideran que esta resolución podría acelerar nuevos intentos de ejecución por parte de otros acreedores con laudos favorables contra la Argentina.

Aunque no descartan una eventual negociación con Titan Consortium, en Balcarce 50 sostienen que la prioridad es mantener una posición firme en el litigio y agotar todas las herramientas judiciales disponibles antes de evaluar cualquier otro camino. La decisión inmediata pasará por definir si la Argentina solicita una nueva revisión ante la Cámara de Apelaciones o lleva directamente el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, siempre acompañando esos recursos con pedidos para suspender la ejecución de la condena.

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