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La Justicia pidió dar de baja a 3.000 beneficiarios de pensiones que viven en el extranjero

La Justicia pidió dar de baja a 3.000 personas que viven en el extranjero porque no estarían cumpliendo los requisitos para cobrar la PUAM.

POR REDACCIÓN

13 de mayo de 2024
Foto gentileza. El oficio enviado por Guillermo Marijuan detalla la solicitud de suspensión de las pensiones.

El fiscal federal Guillermo Marijuan fue quien solicitó a la Justicia dar de baja a casi 3000 personas que son beneficiarios de pensiones. Este pedido fue realizado contra un grupo de personas que cobra la PUAM, pero no cumple el requisito de residencia en el país.

El fiscal le solicitó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, que elimine de su lista de beneficiarios los nombres de 2954 personas que cobran pensiones, pero viven fuera de la Argentina.

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Baja a beneficiarios de pensiones

Además de estos 2.954 beneficiarios, también hay otras personas que están siendo investigados por mantener intervalos fuera del país por más de 60 días, violando la normativa. Estos sería otros 7.512 titulares de PUAM.

El oficio enviado por Guillermo Marijuan detalla la solicitud de suspensión de las pensiones. Considera el tiempo transcurrido desde que los beneficiarios salieron del país, y la posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito de residencia en Argentina.

Marijuan se comprometió a continuar investigando casos de posible fraude o irregularidades en la percepción de beneficios sociales. Por su lado, Sandra Petovello ante casos similares, actuó sin demora con respecto a la baja de beneficiarios por distintos incumplimientos.

Qué dice el oficio enviado a la Justicia

“Iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos”, detalla.

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Es por esa razón que el fiscal federal le solicitó a Pettovello que: “Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.
 

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