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La "Ley Antibarras" que impulsa el Gobierno prevé penas de hasta 20 años para violentos y dirigentes de clubes
El proyecto está siendo elaborado por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad Nacional y la Casa Rosada.
POR REDACCIÓN
En respuesta a los recientes hechos de violencia en el Congreso, el Gobierno nacional avanza en la redacción de un proyecto de ley que busca sancionar con mayor severidad a las barrabravas y a los dirigentes de los clubes que las protejan. La iniciativa, conocida como "Ley Antibarras", está siendo elaborada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad Nacional y la Casa Rosada, y aún requiere la aprobación final del presidente Javier Milei.
Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la declaración de las barras bravas como un tipo especial de asociación ilícita, lo que implica que sus integrantes podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión, según el Código Penal. Además, se busca responsabilizar a los dirigentes de los clubes que faciliten entradas o recursos a estos grupos violentos, con la aplicación de sanciones severas para evitar su financiamiento.
La decisión de acelerar el tratamiento de esta ley se tomó luego de la manifestación del miércoles frente al Congreso, en la que participaron barrabravas junto a militantes de distintos sectores políticos. Durante la protesta, se registraron disturbios y enfrentamientos con la policía, lo que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y endurecer su postura contra estos grupos. Uno de los incidentes más graves fue la agresión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado crítico tras recibir el impacto de un gas lacrimógeno en la cabeza.
Desde el Ministerio de Seguridad se evitó dar detalles sobre el contenido del proyecto, pero fuentes oficiales adelantaron algunos aspectos clave del borrador. Entre ellos, se contempla la sanción no solo de los violentos dentro de los estadios, sino también de quienes operan fuera de ellos en conexión con estas organizaciones, como los "trapitos" que cobran por estacionamiento en las inmediaciones de las canchas.
Asimismo, el proyecto incluirá sanciones a los hinchas caracterizados que cometan actos de violencia en la vía pública y que ataquen a la autoridad. Una de las novedades más relevantes es que se impondrán penas a los dirigentes de clubes que entreguen entradas de protocolo a las barras, con el fin de desmantelar la estructura financiera de estos grupos.
Por otro lado, la normativa otorgará al Gobierno la facultad de disponer la inhabilitación administrativa para ingresar a los estadios, medida que se aplicará automáticamente a quienes enfrenten un proceso judicial por violaciones a la "Ley Antibarras". Además, los barrabravas condenados podrían quedar prohibidos de por vida para asistir a eventos deportivos, y se sancionará a los organizadores de espectáculos si permiten el ingreso de armas de cualquier tipo.
“La clave es que con este proyecto se va a tratar a las barras bravas como organizaciones criminales”, explicaron fuentes gubernamentales, subrayando el objetivo de erradicar la violencia del fútbol argentino y romper los lazos que vinculan a estos grupos con el poder político y dirigencial.