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Orrego le tomó juramento al nuevo fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Dávila
El gobernador Marcelo Orrego le tomó juramento al nuevo fiscal de Estado, Sebastián Dávila, que defenderá los intereses la Provincia.
POR REDACCIÓN
En un acto realizado en la sede de la Fiscalía de Estado de calle Tucumán en Capital, el gobernador Marcelo Orrego le tomó juramento al nuevo fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Dávila.
El acto contó con la presencia del vicegobernador, Fabián Martín; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y demás funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial; diputados provinciales; escribana Mayor de Gobierno, Mayra Mancini e invitados especiales.
El gobernador destacó la importancia de la función del fiscal y destacó que "es el encargado de defender los intereses de la Provincia, como dice la Constitución Provincial. Soy un convencido de que éste funcionario debe actuar como un ministro, ya que defenderá los intereses sanjuaninos”, aseguró el mandatario quien agradeció el trabajo ininterrumpido del fiscal saliente.
Por su parte, Dávila agradeció la designación y agregó que “este es un nuevo desafío, para mí representa una responsabilidad muy grande, ya que defenderé de la mejor manera los intereses de la Provincia. Estoy seguro que con éste equipo de trabajo saldremos adelante, dando de nosotros lo mejor”.
En la última sesión en Diputados, el orreguismo logró que Dávila sea designado por unanimidad como Fiscal de Estado Adjunto, un rol clave en reemplazo de Gastón Orzanco.
Se esperaba que fuera el bloque del PJ el que antepusiera alguna objeción pero finalmente, no hubo detractores y con 35 de los 36 votos Dávila se hizo con el cargo que ocupará provisoriamente, tras la renuncia de Jorge Alvo a la fiscalía del Estado.
Tras esta designación se deberá esperar que el Consejo de la Magistratura llame a concurso para establecer una nueva titularidad por medio del mecanismo formal que prevé la ley.
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La Fiscalía de Estado es un organismo importante que protege los bienes y los intereses de la provincia en casos legales contra la administración pública y disputas con otras provincias. Su máxima autoridad es seleccionada a través de un concurso del Consejo de la Magistratura, y su designación final es aprobada por la Cámara de Diputados .
Al igual que un juez, el fiscal permanece en el cargo mientras tenga una conducta adecuada y solo puede ser removido mediante un proceso de enjuiciamiento, a menos que presente su renuncia.