Rompetormentas en San Juan: el proyecto aclara que exigirán un permiso para usarlos

La polémica por el uso de rompetormentas o cañones antigranizo en diferimientos productivos de San Juan sigue vigente. Ante los reclamos, el diputado provincial por el oficialismo, Juan de la Cruz Córdoba,  presentó un proyecto de ley para regular la utilización de estos métodos, llegando a suspenderlos para su uso en esta etapa. Sin embargo, también se incluye un artículo en el cual se busca controlar la utilización y venta de estos dispositivos, siempre y cuando exista evidencia científica de que no hay consecuencias agravantes para el clima. La propuesta marca que se le exigirá a quienes los utilicen una certificación, que emitiría la Secretaría de Ambiente.

El diputado provincial explicó a DIARIO HUARPE que el proyecto, básicamente, consta de dos artículos clave. El primero se refiere a la suspensión de todo mecanismo o actividad técnica que tenga por objetivo la modificación del ciclo hidrológico de agua en las fases de precipitación o condensación en la atmósfera. Esto estará vigente hasta que haya investigaciones científicas que acrediten que su aplicación no es nociva para la ecología.

"La suspensión rige en cuanto no se acredite eficientemente que esa técnica, actividad, aparatos, mecanismos y demás no modifica el ciclo hidrológico”, explicó Córdoba.

En tanto, el segundo artículo se refiere a la regulación de técnicas que tengan por objeto la modificación ambiental, pero que no afecten el ciclo hidrológico del recurso hídrico. Para la utilización o ventas de ese tipo de  tecnologías, donde estarían incluidos por cañones antigranizo, los usuarios deberán estar inscriptos en Ambiente.

“Van a tener que inscribirse en un registro que estará en las dependencias de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que será la encargada de reglamentar todos los requisitos necesarios para que los interesados pueden comercializar o hacer uso de ese tipo de técnicas, aparatos, mecanismos y demás puedan hacerlo”, siguió el diputado.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente, que determinará los requisitos necesarios para el uso de tecnologías de modificación ambiental. Quienes cumplan con los puntos exigidos, recibirán un certificado que les permitirá emplear los dispositivos o comercializarlos, según el caso.  “No es declaración de impacto ambiental, sino un certificado lo que se emitirá”, afirmó el miembro de la Cámara de Diputados de San Juan.

¿Cuándo podría ser tratado?

Juan de la Cruz aseguró que si logran consenso entre los diputados, el proyecto podría ser tratados sobre tablas en la primera sesión de la Cámara de Diputados de San Juan. “Hay como una cierta sintonía. Un par de veces a mí me han comentado que es un problema que realmente existe, de acuerdo a los representantes de  25 de mayo y Sarmiento. Por eso, puede haber un tipo de consenso”.

“Puede llegar a salir apropiadamente, de lo contrario se conversará un poquito sobre eso, el texto y la letra de la ley, para que salga el mejor proyecto posible”, finalizó.