Coca y el Presupuesto 2025: "No considera incrementos inflacionarios ni necesidades"

Este lunes se llevó a cabo una reunión clave entre autoridades de la Universidad Nacional de San Juan y dos diputados nacionales por Unión por la Patria (Walberto Allende y Jorge Chica) que han expresado su apoyo a la oposición al veto que afecta el financiamiento a universidades.

Durante el encuentro, Ricardo Coca contó a DIARIO HUARPE que se abordó la realidad universitaria, que no solo se mide en términos de matrícula estudiantil, sino también en la calidad científica de las instituciones.

Coca destacó que, más allá de los números, hay proyectos científicos de gran envergadura en desarrollo, como el que se está finalizando en Barreal (Radiotelescopio Chino-Argentino). Sin embargo, a pesar de que las cifras indican que los diputados están cerca de rechazar el veto, Coca se mostró pesimista respecto a la situación actual.

Una de sus principales preocupaciones es el Presupuesto nacional para 2025, que prevé un financiamiento de apenas el 55% de lo solicitado por las casas de altos estudios. “Este recorte no considera los incrementos inflacionarios ni las necesidades del próximo año, lo que podría llevar a una situación crítica en la que no se puedan cubrir ni los salarios del personal”, dijo el secretario administrativo de la UNSJ.

En ese sentido, el funcionario señaló que “las universidades habían solicitado $7,2 millones, pero la gestión de Milei solo está dispuesta a otorgar $3,6 millones. Esto se traduce en un costo por alumno que oscila entre 1,5 y 2 millones al año”.

Coca enfatizó que, además de desfinanciar la educación, el Gobierno ha comenzado a reconocer la importancia de la educación pública con un aumento que es “insuficiente”.

Por último, el secretario administrativo aseguró que la preocupación principal radica en cómo funcionarán las universidades el próximo año, dado el trato del Gobierno y la creciente presión de la sociedad. Coca también expresó su inquietud sobre la “locura” que representa que los gobiernos provinciales asuman la responsabilidad de las universidades, lo que podría desestabilizar aún más el sistema educativo.