Judiciales > ¿Defraudación al Estado?
Estatal en la mira de la Justicia por cobrar 23 meses de sueldo pese a estar preso
Un ex chofer de la Dirección de Discapacidad en la mira de la Justicia por cobrar 23 meses de sueldo a pesar de estar preso por una condena de abuso sexual. Para la Fiscalía Delitos Especiales, el estatal Julio Orrego habría cometido fraude por más de $12.000.000.
Por Germán González
El caso del ex chofer de Discapacidad, que fue condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual contra una niña, sumó ahora una polémica. Hace poco, el Gobierno de San Juan descubrió que el hombre seguía cobrando su sueldo a pesar de estar preso. Se trata de Julio Orrego, de 63 años, y según las sospechas de Fiscalía Delitos Especiales, el estatal cobró por 23 meses la suma de $285.000, con la presunta complicidad dentro de la dirección y de su entorno familiar. Para el fiscal Francisco Micheltorena, existe la presunción de una defraudación a la administración pública por más de $12.000.000 si hace la sumatoria de los sueldos, más la tasa activa. Por su parte, el abogado defensor de Orrego, Javier Cámpora, argumentó que estaban ante la figura del “delito imposible”, ya que su defendido, al estar preso, no pudo haberlo cometido.
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La causa por presunta defraudación millonaria al Estado terminó siendo formalizada este martes 4 de junio de 2024 en la Sala 7 de Tribunales ante el juez de garantías, Juan Gabriel Meglioli. Orrego, que cumple prisión domiciliaria desde el año 2023, fue trasladado desde su casa de Chimbas hasta la sede de la Justicia de San Juan. Por la Fiscalía Delitos Especiales, estuvieron presentes el fiscal Francisco Micheltorena y la fiscal ayudante Agostina Pérez. Desde la otra parte, por representación de la defensa, acudió el abogado Javier Cámpora.
El caso expuesto por fiscalía señala que Orrego no se presentó a trabajar como chofer desde octubre de 2021 luego de terminar su goce de licencia, sin embargo, siguió cobrando sus haberes mediante extracción de dinero por cajero automático hasta noviembre de 2023 cuando fue realizada la denuncia ante la unidad fiscal Delitos Especiales. Según el relato de la fiscalía, apenas empezó a ocurrir esta situación irregular, el jefe de personal de la dirección, Gustavo Delgado, intimó al hombre a asistir a su lugar de trabajo y luego inició un expediente en aquel entonces Ministerio de Desarrollo Humano, y al cual responde la Dirección Discapacidad, para que estudien el caso y lo manden a la parte contable para terminar con el cese del pago. Sin embargo, eso no sucedió. Para Micheltorena, de “forma fraudulenta”, alguien de adentro del área se encargó de hacer desaparecer el expediente iniciado, que luego apareció mediante una auditoría.
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En paralelo, para el fiscal, el acusado, “con engaño, cobró sus haberes” y “claramente le proporcionó su tarjeta de débito, así como sus respectivas contraseñas, a alguien de su confianza para que en el mes a mes efectuara esa extracción del dinero depositado en su cuenta de sueldo”.
Para el fiscal del caso, el hombre tuvo complicidad de al menos dos personas, dentro de su área de trabajo y dentro de su entorno familiar. Aunque no hay personas detenidas en ese sentido, pero pueden ser descubiertas con el avance de la investigación.
Para el abogado defensor Cámpora, “la hipótesis de que le habría entregado o le habría pasado a un tercero, su tarjeta de débito, con todos los datos personales, no pasa de ser una mera conjetura, una hipótesis. Porque insisto, al momento en que se empieza a producir toda esta situación, él está privado de su libertad, detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y luego en su casa”. Y planteó también la teoría de que en el medio, Orrego al no tener en su poder la tarjeta, podría haberse tratado de una estafa realizada por otra persona.
Tras escuchar a las partes, el juez Juan Gabriel Meglioli dio por formalizada la causa y dejó imputado a Orrego por el delito de defraudación a la administración pública. El acusado, que será investigado por seis meses, prefirió mantenerse en silencio en esta primera audiencia y no dar su versión de los hechos.
Dato
El caso empezó a hacer investigado por la unidad fiscal Delitos Especiales, tras la denuncia presentada, en noviembre de 2023, por Lucio González, en aquel entonces secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano, y por Federico Eduardo Barceló, subsecretario administrativo y financiero de la misma cartera.