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Entretelones de la expropiación de La Superiora: un proceso con polémica y nombres propios

La expropiación del complejo La Superiora desató la polémica por el monto millonario que debería pagar la Municipalidad de Rawson. Qué pasó para llegar a este punto, lo que dicen desde la gestión de Munisaga y lo que resolvió la Justicia de San Juan.

04 de junio de 2024
Por la expropiación de La Superiora, Rawson debería pagar más de $300 millones. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

En 2012 y por la necesidad de contar con un complejo municipal destinado para la cultura y eventos deportivos, es que la Municipalidad de Rawson, bajo la gestión de Juan Carlos Gioja, avanzó con la expropiación de la exbodega La Superiora. En una primera tasación realizada se fijó un precio a pagar desde las arcas del municipio de $5.800.000, pero tras una apelación de la parte expropiada y con un fallo en 2017, tras una nueva tasación, este monto ascendió a $6.822.400. No conformes, la pelea judicial continuó desde ambos lados, llegando a la Cámara de Apelaciones y luego a la Corte de Justicia. Tras este periplo por los pasillos de Tribunales y otra revisión por el Tribunal de Tasaciones, es que hoy el municipio rawsino debería pagar $371.384.858, cuando en un principio la cifra era de poco más de un millón de pesos. Una ley provincial sancionada en el 2018 influye de lleno en esta situación y la batalla judicial promete continuar. Los entretelones de un escándalo millonario en Rawson.

La expropiación al predio de la exbodega La Superiora demandó, en un principio, un desembolso por parte del municipio de $5.800.000. A este monto se llegó luego de que el Tribunal de Tasaciones de la provincia presentara un expediente administrativo. Para llegar a este resultado es que se adjuntaron incluso ejemplares de la revista La Reventa con otros terrenos cercanos. Tras esto, la parte expropiada, Cuyo Inversores S.A. - que presidía el empresario Matías Pallito- recurrió a la Justicia de San Juan con un recurso de nulidad. Se inició entonces el proceso judicial en el juzgado Contencioso Administrativo, mientras la municipalidad depositó la cifra millonaria antes mencionada y transfirió el título de propiedad por sentencia anticipada.

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En el año 2017, el Tribunal de Tasaciones fijó un nuevo valor para el inmueble, aumentándolo a $6.822.400, y la jueza Adriana Tettamanti dictó sentencia de primera instancia, avalando el nuevo costo del inmueble, sobre el cual debía descontarse lo que ya había depositado el municipio rawsino. Sobre esto quedó el cálculo de los intereses con tasa activa y las costas del proceso judicial a cargo de Rawson. Tanto el municipio como Cuyo Inversores se mostraron en desacuerdo y requirieron ante la Cámara de Apelaciones, en la Sala IV. Este tribunal, dos años más tarde, resolvió la cuestión y desestimó la apelación. Desde Cuyo Inversiones apelaron nuevamente, pero esta vez ante la Corte de Justicia de San Juan.

La Corte, en 2023, le dio la razón al fallo de la Cámara de Apelaciones, marcando que en el expediente no constaba el valor actual y real del inmueble expropiado, esto según lo que se dicta en el artículo 20 bis de la nueva ley 1.790, modificatoria del régimen de expropiaciones de San Juan. Al volver el expediente al juzgado de Primera Instancia, la magistrada Tettamanti determinó que debe hacer una nueva tasación y ante esto, el Tribunal de Tasaciones indicó que el nuevo costo es de $1.474.700.200. El 15% que adeudaba Rawson es lo que se transformó ahora en los $371 millones que debería pagar. Esta tasación no fue impugnada por las autoridades de la gestión rawsina anterior, encabezada por Rubén García. Ya en diciembre de 2023, esta situación encendió todas las alarmas y críticas por parte de la flamante intendencia de Carlos Munisaga, quien ante todo esto busca defender las arcas municipales, entendiendo que el desembolso de este dinero sería algo grave para el departamento y los vecinos. En este sentido, también hubo críticas hacia la Corte de Justicia y para abajo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, explicó que “la Corte no ha modificado ningún criterio anterior, sino que aplicó una nueva ley que se sancionó en el 2018 por parte de la Legislatura provincial” y agregó que “quien fija el criterio de que la tasación sea a valor real y actual es la ley 1.790 y también dice la ley que cómo es de orden público, se aplica a todos los procesos que están en trámite y por ello se aplica a este, que si bien se inició antes de que estuviese la ley, se le aplicó la misma porque es orden público y se debe aplicar a todo proceso en trámite donde no haya una situación consolidada, y al no estarlo, se aplicó”.

En este sentido, y ante algunas críticas vertidas mediáticamente, el cortista aseveró que el organismo que realiza el avalúo del inmueble es el Tribunal de Tasaciones de la provincia, no la Corte ni la Justicia provincial.

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Enojo de Munisaga

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, habló en rueda de prensa sobre la polémica y afirmó que “el hecho genera indignación porque el monto es exorbitante”, al tiempo que agregó que “la nueva tasación es escandalosa, una locura. No tiene criterios razonables ni lógicos, sólo esperamos que la Cámara de Apelaciones nos dé la posibilidad de impugnarla”, sentenció. Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de devolver parte del terreno del complejo (como plantearon los expropietarios), el jefe comunal no titubeó y fue categórico: “¡Ni loco, sobre mi cadáver!”.

Qué es lo que se viene

El reclamo por la tasación de 2023 es a lo que apunta la gestión de Munisaga. En este sentido, se armará una Comisión Evaluadora en el Concejo Deliberante y la semana entrante habrá novedades, para empezar ya a investigar si hubo cuestiones internas y cómo se sigue en la Justicia.

Por otro lado, fuentes calificadas dijeron a DIARIO HUARPE que, a priori, la tasación realizada estaría mal hecha. En primer lugar, porque no se citó a los consultores técnicos de las partes cuando se realizó y, por otra parte, porque se tomaron tres inmuebles como valor de referencia que habían sido vendidos en el año 2023 en dólares y esto se habría tomado al valor de dólar blue, que ascendía a unos $800 cuando el oficial por entonces era de $350. “El Tribunal tiene que hacerlo al dólar oficial porque es el legal”, aseveraron.

Teniendo en cuenta estos errores, de ser comprobados, se anularía o descalificarían la tasación realizada.

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