Judiciales > Caso Santiago Graffigna
Juicio por Expropiaciones: confirmaron que retornará el 1 de febrero
Las audiencias que tienen en vilo a 13 imputados regresan y continúan con los testigos de la megacausa
Por Germán González
El juicio por la megacausa Expropiaciones retornará con sus audiencias de debate el miércoles 1 de febrero. El tribunal continuará con la declaración de una testigo muy importante para Fiscalía y que será muy cuestionada por las defensas de los 13 imputados. Se trata de la abogada Lucía Ester Sánchez, que fue la asesora de Gobierno de San Juan que realizó el sumario interno tras que se descubriera las maniobras irregulares dentro de Fiscalía de Estado y ayudaba a unos abogados a que se quedarán con las demandas que le hacían al Estado por expropiaciones de terrenos del pasado que no habían sido pagadas.
Para la Fiscalía y la querella, representada por Fiscalía de Estado, el testimonio de Sánchez es de suma importancia, pues su opinión dentro del informe que presentó ante las autoridades de aquel entonces era que debían denunciar a los involucrados en el engranaje de una presunta estafa.
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En diciembre del año pasado, el juicio concluyó con las audiencias para pasar a un cuarto intermedio hasta que termine la feria judicial. Justamente, la última jornada terminó con el abogado defensor Marcelo Fernández, representante del abogado Santiago Graffigna y principal acusado del megafraude, interrogando a la doctora Sánchez. Falta que la testigo reciba las preguntas del resto de los defensores del caso. El próximo en hacerlo, el próximo miércoles 1 de febrero, será el abogado Cayetano Dara, representante de otro abogado acusado por la estafa, Horacio Alday.
Sánchez es la primera de una fila de testigos que concurrirá al edificio del Concejo Deliberante de Capital, lugar establecido como escenario desde el inicio del debate.
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Graffigna y Alday junto a otros acusados, entre ellos funcionarios, peritos de Gobierno y jueces, están sospechados de complotar contra el Estado para sacar plata a través de demandas falsas por expropiaciones de lugares icónicos y que eran ganados en la Justicia de forma accesible.
En el año 2008, el fiscal de Estado de aquel entonces, Guillermo De Sanctis (actual ministro de la Corte y testigo citado para el juicio) entró a sospechar por los elevados montos que debía pagar el Estado de manera sorpresiva y pidió que se inicie el sumario interno. La denuncia contra los imputados se presentó dos años después.