Multisectorial Cultura de San Juan rechazó los cambios de la Ley Ómnibus

La Multisectorial de Cultura de San Juan volvió a rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y al proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocido como “Ley Ómnibus”. Entre los motivos que llevan a rechazarlo está; el carácter antirrepublicano, antidemocrático y antifederal de dichas propuestas.

En el ámbito cultural, la Multisectorial denuncia la derogación de la ley 24800, la cual da origen al Instituto Nacional del Teatro (INT), considerando que esto atenta contra el federalismo y la diversidad cultural. Además, expresan su rechazo a los recortes presupuestarios propuestos para organismos como el FNA, Inamu, Incaa y Conabip, argumentando que estos recortes son injustificados y perjudiciales para la comunidad artística y sus públicos.

Un aspecto central de la crítica se dirige hacia la eliminación de la Defensoría del Público y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), dependientes del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La Multisectorial destaca la importancia de estas instituciones en la promoción de los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión y acceso a la información, y alerta sobre las implicaciones negativas de su eliminación.

La organización advierte sobre la falta de claridad en cuanto a la dirección de los recursos transferidos al Poder Ejecutivo, subrayando que estos no regresan a las provincias como coparticipación y no se destinan a necesidades básicas como hospitales, viviendas u obras públicas. Además, se cuestiona la derogación de la Ley N° 25.542, que establece el precio uniforme de venta al público de libros, señalando sus consecuencias perjudiciales para las editoriales independientes y las pequeñas librerías.

En última instancia, la Multisectorial llamó la atención a los legisladores nacionales por la provincia de San Juan a votar en contra de la totalidad del proyecto de Ley Ómnibus. Consideran que este proyecto representa un avance autoritario del Ejecutivo sobre las facultades del Congreso y sobre los derechos de los argentinos, poniendo en riesgo el Estado de Derecho protegido por la Constitución Nacional.