Por la expropiación del terreno de la Ciudad Judicial, Jáchal podría pagar una cifra millonaria

Jáchal podría enfrentar el pago de un juicio millonario por la expropiación del terreno donde se está construyendo actualmente la Ciudad Judicial. En el 2018, el Tribunal de Tasación valoró la porción de tierra por $7.000.000, pero dos herederos que no se tuvieron en cuenta en el proceso que se inició durante la gestión del exintendente Miguel Vega, reclaman que no están de acuerdo ni con el modo en el que se hizo la tasación ni con el monto. A más de cinco años de la primera valoración, el juez de la Segunda Circunscripción, Daniel Castro, debe actualizar la suma según la tasa pasiva del Banco Nación, por lo que, se estima, será muy superior. Por este motivo, a la espera del fallo que, según fuentes judiciales, podría salir luego del receso invernal de julio, el actual jefe comunal Matías Espejo se mostró preocupado por cómo podría afectar este pago a las arcas municipales y adelantó que “activarán los mecanismos necesarios” para abonar lo menos posible.

En el año 2018, el por entonces intendente Vega firmó un convenio con el Poder Judicial para expropiar un terreno para construir la Ciudad Judicial. Es así que, luego de iniciar los mecanismos pertinentes, el Tribunal de Tasación valoró la tierra de 2.520 m². Según indicaron fuentes cercanas al ahora diputado provincial, en aquel momento solo se encontraron dos propietarios: uno vivo y uno muerto. “No había ningún heredero en el Registro de la Propiedad”, dijeron.

Si bien desde el entorno de Vega aseguraron que al momento de realizar la expropiación no sabían de la existencia de estas dos personas, lo cierto es que el Concejo Deliberante de Jáchal aprobó, en abril del 2019, una ordenanza de expropiación a nombre de Fidel Gómez y de los herederos, de nombre Omar Gaetan y Claudia Quinteros.

Los herederos del propietario reclamaron que no estaban de acuerdo ni con el método de tasación ni con el monto. Por este motivo, iniciaron el proceso judicial.

El por entonces juez de la causa, Javier Alonso (que fue destituido luego de un jury de enjuiciamiento iniciado por la Corte de Justicia), revisó la tasación y observó que el procedimiento era lícito. Los expropiados decidieron no cobrar el dinero y continuaron con el juicio. El magistrado puso el dinero en un plazo fijo, el cual hasta ahora continúa allí y sigue siendo propiedad del Municipio de Jáchal.

A sabiendas de que el monto que deberán pagar será mucho mayor a lo tasado en un principio, Espejo indicó a DIARIO HUARPE que, pese a que es un compromiso asumido en la anterior gestión, se harán cargo de la situación.  

“Vamos a activar los mecanismos para que esto afecte lo menos posible a las arcas municipales, no queremos comprometer lo poco que podemos llegar a hacer con lo único que estamos recibiendo, que es nuestra coparticipación. Cualquier movimiento va a ser perjudicial para nuestro presupuesto”, manifestó.

En este sentido, aseguró que “investigarán por qué se inició el juicio”, debido a que les llama la atención que no se haya tenido en cuenta la existencia de los herederos al momento de realizar la expropiación. Esto incluye a Vega y al resto de los funcionarios de la gestión anterior gestión.

La respuesta del Tribunal de Tasación

Omar Blanco, quien por entonces era miembro del Tribunal de Tasación, comentó a este medio que “no recuerda mucho sobre esa tasación”, solo que se trataba de un terreno bastante grande en cercanías de la Municipalidad de Jáchal. Lo que sí aclaró es que los inmuebles se tasan en su totalidad, no según la cantidad de dueños que tengan. “Si después a los dueños les parece mucho o poco, ellos deben iniciar el juicio, pero los inmuebles se tasan según el terreno total”, explicó. 

El paralelismo con La Superiora

Si bien hay varias diferencias entre ambos casos, debido a que el caso de la expropiación de La Superiora ya llegó hasta la Corte de Justicia de San Juan, que ordenó que se revise la tasación que obliga a Rawson a pagar más de $371 millones, lo cierto es que el paralelismo asusta. Es que, si las partes denunciantes, representadas actualmente por el abogado Waldo Segovia, observan que la sentencia que dictará Castro no les es razonable, tienen la posibilidad de apelar y de pedir otra tasación.

“Nosotros creemos que la tasación se hizo mal, porque el Tribunal tasó el terreno como si fuese un solo inmueble y en realidad eran dos. Esto aumentaría mucho más los precios, a lo que hay que sumarle los intereses moratorios”, indicó el abogado Segovia.

En este marco, el abogado planteó que “esperan con ansias” la sentencia del juez Castro, que verán cómo esto le cae a sus representados y si aceptan o no el dinero que les ofrecerán. 

Dato

El artículo 20 bis de la Ley 1.000-A, comúnmente llamada Ley de Expropiaciones, el monto que resolvió en aquel entonces el Tribunal de Tasación debe actualizarse. La legislación prevé que el monto que la suma se revise según “la Tasa Pasiva Efectiva Mensual del Banco de la Nación Argentina”