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Desmontes en Mendoza: qué medida tomará San Juan por el caso Chirino
Guardaparques mendocinos reportaron tareas de deforestación sin permisos y canteras de arcilla. La Secretaria de Ambiente sanjuanina aguarda los informes oficiales para intervenir.
Esta semana se conoció que Industrias Chirino S.A. vuelve a quedar bajo cuestionamiento en la región de Cuyo. La Comunidad Huarpe de Lavalle, Mendoza, denunció a la empresa por realizar intervenciones no autorizadas en las inmediaciones de Laguna del Rosario, un sector clave que forma parte del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache. Tras la denuncia, guardaparques mendocinos realizaron una inspección de urgencia en el terreno y confirmaron la apertura ilegal de caminos y la explotación minera de canteras de arcilla sin su permiso.
Frente a este complejo panorama, la Secretaría de Ambiente de San Juan ha tomado nota de la denuncia, pero mantiene una postura de cautela antes de definir alguna actuación. En declaraciones a DIARIO HUARPE, desde el organismo provincial señalaron que primero recabarán información sobre los relevamientos y procedimientos realizados en territorio mendocino. Y que, a partir de esos antecedentes, analizarán las medidas que eventualmente correspondan adoptar.
Ecosistema compartido y vulnerable
La cautela oficial contrasta con la preocupación regional, ya que las Lagunas de Guanacache conforman un humedal único e interprovincial que abarca tierras de Mendoza, San Juan y San Luis. Incorporado en 1999 a la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar, cualquier desmonte o impacto negativo en la zona lagunar repercute directamente sobre la totalidad de este sensible ecosistema. Es más, las comunidades huarpes sanjuaninas advierten que alterar el suelo y la vegetación nativa en cualquiera de las provincias, degrada el agua y la biodiversidad que comparten las tres jurisdicciones.
"Es muy importante de que se despierte el resto de las comunidades que habitan en la región”, dijo a DIARIO HUARPE, José Díaz, cacique de la comunidad huarpe Aguas Verdes de las Lagunas de Guanacache del lado de San Juan. “Todos somos afectados por estos abusos de poder que hace esta empresa, y no miden las consecuencias del daño que vienen ocasionando”, agregó.
En este marco, Díaz compartió a este medio un video en el que se ve el crítico estado en el que se encuentran las aguadas de la zona donde los animales sacian su sed.
Además del impacto ambiental en la zona, otro aspecto polémico de la denuncia de los pobladores mendocinos radica en el circuito limítrofe denunciado. Según los planteos de la comunidad, camiones batea y maquinaria pesada vinculados a la firma ingresan desde San Juan hacia Mendoza para extraer arcilla ilegalmente, para luego retornar a territorio sanjuanino con la materia prima. Este mecanismo interprovincial es apuntado como una presunta maniobra para eludir controles locales y otorgar una aparente fachada de legalidad al recurso, algo que las direcciones de minería investigan.
Daños en el terreno de Lavalle
La inspección de los guardaparques mendocinos constató el daño ecológico en Lavalle: apertura de 20 kilómetros de caminos internos y canteras de arcilla de media hectárea sin autorización. En estas excavaciones se identificaron acumulaciones de greda de cuatro metros de altura, las cuales afectan severamente la flora nativa en zona protegida y alteran la escorrentía del agua en un suelo que arrastra décadas de progresiva sequía.
Antecedentes de la empresa
No es la primera vez que esta compañía es cuestionada. En 2029, la comunidad huarpe Aguas Verdes, en Sarmiento, San Juan, denunció que la extracción de greda y la obstrucción del Canal 4, interrumpiendo el flujo hídrico a las lagunas. El conflicto judicializado cerró con un acuerdo donde la firma aportó 10 millones de pesos para obras de remediación. Asimismo, en 2023, el entonces diputado provincial Emanuel Fugazzotto denunció a la empresa por la extracción de material de embanque en la zona de la presa Potrerillos. Tras las actuaciones correspondientes, la Dirección General de Minería de Mendoza dispuso la paralización de las tareas extractivas al considerar que la empresa no contaba con las autorizaciones necesarias para desarrollar esa actividad en el lugar. La firma debió retirar el campamento instalado en la zona y afrontar tareas de remediación.